Como parte del trabajo para fortalecer la institucionalidad en el país, FESPAD presenta públicamente, una propuesta de reformas legales para regular las causales de destitución y el debido proceso para que la Asamblea Legislativa pueda destituir a magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia respetando el marco constitucional establecido. La propuesta busca llenar una laguna del derecho que no ha sido resuelta por la Asamblea Legislativa después de 39 años de vigencia de nuestra Carta Magna.
En ese marco, se propone reformar la Ley de la Carrera Judicial y el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, regulando de forma clara, precisa e inequívoca las causales que habilitaran a la Asamblea Legislativa iniciar el proceso para la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, se propone incorporar el debido proceso que debe respetarse para llevar a cabo dicha destitución, teniendo presente que, si no existen las garantías procesales básicas, como la oportunidad de ejercer el derecho de defensa del funcionario procesado, no se cumple con los parámetros constitucionales establecidos.
La propuesta también busca fortalecer la participación de la ciudadanía, incorporando como mecanismo de inicio del proceso de destitución, la denuncia ciudadana, de igual forma, se propone que la ciudadanía pueda querellar en el proceso que debe ejecutar la Asamblea Legislativa para determinar si existe elementos suficientes para proceder a la destitución del magistrado o magistrada.
La iniciativa de reforma se ha construido mediante la consulta a diversos sectores vinculados al quehacer judicial y se espera contar con el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa.
La modificación legal que se propone constituye un mecanismo para fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el control inter órganos desde el cumplimiento del marco legal y Constitucional vigente.
El proceso de construcción de las propuestas de reformas legales ha sido apoyado por la Agencia Alemana para la Cooperación -GIZ-, en el marco del proceso de fortalecimiento de la independencia e integridad judicial en la subregión norte de Centroamérica y particularmente en El Salvador.
San Salvador, 4 de febrero de 2022.
