El 1 de mayo de cada año, en diversos países sindicatos, organizaciones, colectivos y la clase trabajadora en general sale a las calles para recordar la gesta histórica de los mártires de Chicago a favor de mejores condiciones laborales y para poner en evidencia las demandas que existen para las y los trabajadores en la actualidad.
En El Salvador, las expresiones del movimiento sindical han sido firmes y constantes respecto a la necesidad de mejoras de las condiciones en los lugares de trabajo, salarios justos, una pensión digna, entre otros. Sin embargo, también han puesto sobre la mesa temas como despidos injustificados por parte de instituciones del Estado, irrespeto a los derechos y libertades sindicales, aumento de precios en la canasta básica, crisis económica y violaciones a derechos humanos.
Expresarse públicamente es un derecho, sin embargo, hace un año en El Salvador se transgredió la separación de poderes y la independencia judicial con la destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -CSJ-, profundizándose vulneraciones al Estado de Derecho y los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, movilización y asociación de la ciudadanía. Estos ataques hacia quienes que tienen una postura diferente del Órgano Ejecutivo han ido escalando, siendo dirigidos a periodistas, organizaciones de sociedad civil, organizaciones sindicales y hasta la cooperación internacional.
Con la reciente aprobación y posterior prórroga del Régimen de Excepción, la narrativa oficialista se ha orientado a hacer parecer que quienes exigen las garantías, derechos fundamentales y humanos están a favor de grupos o personas en conflicto con la ley. La misma clase trabajadora que decidió marchar este 1 de mayo ha sufrido amedrentamiento, sobre todo, tras las declaraciones estigmatizantes emitidas por parte de funcionarios y personas afines al Ejecutivo.
Las organizaciones de sociedad civil siempre hemos saludado y acompañado a la clase trabajadora en sus exigencias. No obstante, resulta difícil ejercer los derechos humanos y fundamentales para las personas que defienden derechos laborales o de otra naturaleza, ya que, lejos de asegurar y promover la función de las personas defensoras, el Estado genera condiciones en detrimento de ellas.
Pese a ello, FESPAD seguirá acompañando las luchas de las trabajadoras y trabajadores por ambientes laborales adecuados, salarios justos, medidas oportunas ante despidos injustificados, estabilidad laboral, equidad de género en los lugares de trabajo, libertad sindical, una pensión digna, así como pronta y cumplida justicia ante la vulneración a los derechos laborales.
San Salvador, 1 de mayo de 2022.
