Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, tras el establecimiento que hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la resolución del 15 de diciembre de 1977, con el propósito de hacer un llamado a las naciones a la preservación y conservación de la naturaleza y medios de vida frente a los fenómenos como el cambio climático, la depredación ambiental por los monocultivos, la afectación de los agrotóxicos, el crecimiento urbano desordenado y desigual, y la explotación de bienes naturales por la industria, megaproyectos de construcción y extracción.
La sobreexplotación de los bienes ambientales ha llegado a un punto crítico. Frecuentemente se conoce sobre denuncias por la tala indiscriminada en zonas boscosas o de recarga hídrica como el Cerro el Águila en Juayúa, Sonsonate; el otorgamiento de polémicos permisos ambientales en diferentes proyectos como Ciudad Valle El Ángel o Paseo del Prado, ambos en Apopa, San Salvador; a lo anterior se suma, el poco o nulo interés del Estado en el acompañamiento y respeto a poblaciones comprometidas con la protección de la biodiversidad, como las comunidades indígenas de Nahuizalco, cuando sus territorios están amenazados por la construcción de la octava represa en el Río Sensunapán, o la destrucción del sitio Arqueológico Tacuscalco, también en Sonsonate.
Una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano en nuestro país es el Río Lempa, sin embargo, este es receptor de grandes cantidades de plástico y sustancias contaminantes altamente nocivas para la salud humana y animal; lamentablemente, a la fecha, no se han tomado acciones determinantes en la búsqueda de la salvaguarda y restauración de su cuenca. De igual forma, es latente la amenaza de la minería transfronteriza sobre el Río Lempa, por la mina Cerro Blanco ubicada en territorio guatemalteco.
Además, el 2020 se vio marcado por la negativa del Órgano Ejecutivo de suscribir el Acuerdo de Escazú, el cual constituye una herramienta importante que promueve el acceso a la información, acceso a la justicia y participación en asuntos ambientales, así como la protección de las personas que ejercen la defensa del medio ambiente. El sistema de justicia (Juzgados Ambientales, Cámara Ambiental y Sala de lo Constitucional) enfrenta desafíos en la protección de los bienes naturales y la participación ciudadana, en vista que tienen en su conocimiento casos donde se ha inobservado procedimientos en el marco de las consultas públicas reguladas en la Ley de Medio Ambiente y su Reglamento, por el otorgamiento de concesiones a empresas desarrolladoras de megaproyectos.
Es definitivo que el medio ambiente no puede seguir siendo gestionado de la misma forma; hacerlo implicaría obviar problemáticas como la causada por el COVID-19, ya que, para tomar medidas de bioseguridad, se necesita tener acceso a agua potable de calidad.
Es indispensable una política de agua sustentable, con enfoque de derechos humanos; sin embargo, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, optó por archivar las propuestas hechas, a pesar que estas eran fruto del esfuerzo y trabajo de muchos años con participación de miembros de las comunidades más afectadas por la injusticia hídrica.
Por todo ello, desde FESPAD, exhortamos a los/as tomadores/as de decisión a lo siguiente:
- La aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el cual señala que: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación
de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”. Lo anterior con el propósito de generar diálogo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil en los asuntos ambientales para la protección de los bienes naturales. - Retomar el estudio de la Ley General de Aguas con enfoque de derechos humanos y ratificar la reforma al Artículo 2 y 69 de la Constitución de la República que reconocen el derecho humano
al agua. - A un abordaje integral de las problemáticas causadas por los agrotóxicos, el monocultivo de la caña de azúcar y la aprobación de permisos ambientales con impacto altamente negativo para
los ecosistemas y la vida humana.
San Salvador, 8 de junio de 2021
