“Este día El Salvador ha pasado la página de la posguerra y ahora podemos empezar a ver hacia el futuro”, expresó el ganador de las elecciones presidenciales la noche del 3 de febrero de 2019. Atrás quedaban los resultados que durante 27 años dio la Firma de los Acuerdos de Paz en 1992, con los cuales se inició el camino al nada fácil proceso de democratización del país.
Desde que inició el actual gobierno en El Salvador, en junio de 2019, su comportamiento no se ha ajustado a las razones jurídicas, y hemos sido testigos de cosas inimaginadas que nos superan el asombro. En dos años, ha habido una deformación y desmontaje de las instituciones, que aunque el gobierno se declara oficialmente democrático, en verdad solo ha sido una narrativa tras de la cual se esconde un régimen muy autoritario.
Hay que reconocer que, con todas las imperfecciones que adolece nuestro sistema electoral, el presidente de la República llegó al poder legitimado por la investidura popular mediante elecciones libres. Sin embargo, una vez instalado en el aparato de gobierno, sus actos son claramente opuestos al modelo democrático.
El intento de golpe del 9 de febrero de 2020, la desobediencia a resoluciones judiciales y el inconstitucional régimen de excepción de 2020, la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional y del Fiscal General de la República el 1 de mayo de 2021; la jubilación obligada de jueces y juezas del 31 de agosto de 2021; la decisión de la Sala Constitucional avalando la reelección presidencial el 3 de septiembre de 2021; y, la inmediata postura del Tribunal Supremo Electoral favorable a esa resolución; son algunos hitos de los retrocesos y disminución de derechos ya consagrados. ¡Qué más nos espera!
Estamos frente a un régimen autoritario que imita el modelo democrático. Que invoca en su discurso principios fundamentales de ese modelo como: la representación legítima popular, el sufragio libre, las libertades públicas, los derechos de los ciudadanos, la participación ciudadana por medio de la consulta popular y hasta por el referendum; esto en relación con ciertas instituciones de la democracia como la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Acceso a la Información, y el Tribunal Supremo Electoral. Pero está demostrado en ambos casos que estos elementos del modelo democrático no se aplican en la práctica por estar cooptados; más bien les sirve de camuflaje para ocultar y avalar lo que en verdad está pasando.
Estos cambios que hasta ahora se han dado apuntan hacia modificaciones a la forma de gobierno, al sistema político, a los principios republicanos y democráticos. Particularmente, la viciada resolución que diera la Sala Constitucional la noche del 3 de septiembre de 2021 -cuyos actuales magistrados fueron impuestos el 1 de mayo y que por tanto ejercen de manera inconstitucional- son totalmente contrarios a lo que establecen los arts. 88, 152 ord. 1°, 154, 248 inc. 4 de la Constitución que prohíbe la alternabilidad inmediata del ejercicio de la presidencia de la República.
Controlar las elecciones es también un mecanismo de base en un régimen autoritario. Y hoy por hoy, la Constitución de la República prohíbe la reelección inmediata del presidente; de hacerlo el actual, sería un usurpador que se adueña del poder por la fuerza; aún y cuando desee hacerse convalidar por medio de cualquier mecanismo ya sean pseudoelecciones, referendum sin libertad de expresión o de una ceremonia pública para su investidura. En todos los casos esta vez no será legítimo y tampoco será un verdadero gobierno, pero sí será inconstitucional.
San Salvador, 4 de septiembre de 2021.
