La Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), el Grupo Gestor por una Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, colectivos que integran más de treinta organizaciones de víctimas de derechos humanos y que acompañan la lucha por la justicia transicional, desde hace muchos años, a la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional, expresamos:
- Nuestro apoyo y solidaridad por el juicio del Caso Jesuitas que se está llevando a cabo en España, en contra de un militar de alto rango, acusado como autor intelectual de la masacre. Este juicio es una contribución positiva y emblemática en aras de superar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, cometidos en el contexto del conflicto armado salvadoreño. Esperamos que nuestro sistema judicial siga este ejemplo, pues tiene la obligación constitucional de superar esta deuda histórica, reabriendo el proceso judicial para juzgar al resto de acusados que se encuentren en El Salvador, luego que la Corte Suprema de Justicia negara la solicitud de extradición realizada por la Audiencia Nacional de España.
- Nuestro apoyo y solidaridad, a las y los sobrevivientes y los familiares de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, cuyo proceso judicial ha continuado avanzando. Un esfuerzo que es importante destacar, porque este caso está demostrando que la falta de una legislación en justicia transicional no es un obstáculo para cumplir con la justicia en el marco del debido proceso, y colocando a las víctimas en el centro. Esperamos que pronto culmine la etapa de instrucción y finalmente los acusados enfrenten un juicio por estos hechos aberrantes.
- Urgimos que se avance con las investigaciones penales en los casos de niñas y niños desaparecidos, incluyendo a las hermanas Mejía Ramirez, desaparecidas en el contexto de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños. Además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recientemente ha admitido el caso Rivas, cinco niños desaparecidos en 1982. De no operar la justicia interna en este caso, el Estado de El Salvador podría ser condenado de nuevo a nivel internacional.
- Asimismo, nuestras preocupaciones por el aumento del enfoque militarista y militarizante con el que se dirige a la seguridad pública actualmente. Un enfoque que no solo se manifiesta con una mayor presencia de militares en las calles, sino también en el deterioro de la naturaleza civil de la Policía Nacional Civil. Toda acción gubernamental dirigida a la anulación de las libertades y los derechos humanos de la sociedad, o de ciertos grupos sociales, bajo el pretexto de procurar la seguridad, nos recuerda a los años más crueles del conflicto armado, cuando se asesinaron, desaparecieron o torturaron a miles de víctimas inocentes con las estrategias militares de “tierra arrasada” o “sacarle el agua al pez”, por ejemplo. Más militarización es una vuelta al pasado, y una renuncia a la construcción de un futuro nacional con paz y democracia.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado:
- Al sistema judicial, incluyendo a la Fiscalía General de la República, para que las más de 100 denuncias presentadas a lo largo de los años por las y los sobrevivientes de graves crímenes del conflicto armado o sus familiares, sean tramitadas con la debida celeridad para que puedan alcanzar la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y no se dilaten así indebidamente.
- Al presidente de la República, para que cumpla con la sentencia y resoluciones de seguimiento de la Inconstitucionalidad 44-2013 Ac, y otros amparos y habeas corpus, en el sentido de abrir los archivos militares del conflicto armado y, así, permitir el acceso tanto en los procesos judiciales y administrativos en curso y directamente a las víctimas, sus familiares y representantes, a esta documentación tan importante para la consecución de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Esta documentación debe de estar resguardada en los archivos y en caso exista destrucción, deterioro o extravío debe de iniciar procesos de reconstrucción documental, así como deducción de responsabilidades penales y administrativos por los actos.
- También pedimos le dé seguimiento a la comunicación iniciada con la Secretaría General de las Naciones Unidas, en atención al acceso y envío a nuestro país, de manera urgente, de los archivos de la Comisión de la Verdad.
- A la Sala de lo Constitucional, para que en el menor tiempo posible reprograme la audiencia de seguimiento de la Inconstitucionalidad 44-2013 Ac, que estaba señalada para el 15 de abril pero que se suspendió a consecuencia de la pandemia. Dadas las circunstancias, esta audiencia se podría realizar virtualmente y transmitirse públicamente por tal vía.
San Salvador, a los siete días del mes de julio de 2020
