Comunicado | Día Internacional del Derecho a la Verdad

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24 marzo, 2023

Hoy hace 43 años, fue asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero, para entonces la voz de los sin voz, tras su permanente denuncia sobre las violaciones a derechos humanos y las injusticias sociales de aquel entonces. Como un homenaje a su labor, en diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas.

El crimen de Monseñor Romero sigue impune, así como miles y miles de atrocidades cometidas previo y durante el conflicto armado, en su gran mayoría, perpetradas por el mismo Estado. A su vez, siguen vigentes las causas estructurales que llevaron a 12 años de guerra en El Salvador y que Monseñor Romero tanto denunció hasta su martirio en 1980.

Una vez más se podría hacer un recuento de los importantes avances en materia democrática luego de la firma de los Acuerdos de Paz, que aunque todavía insuficientes, marcaron pasos importantes hacia la ansiada democratización nacional y el fortalecimiento de las instituciones del Estado; pero todo ello parece haberse perdido en los últimos años con la cooptación del poder total por parte del Órgano Ejecutivo, trayendo como consecuencia múltiples retrocesos en cuanto al respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana, trasparencia, libertad de prensa y expresión, la separación de poderes y por ende, la grave pérdida de la independencia judicial, nada más por mencionar algunas.

Aunado a lo anterior, de los aspectos que más ha caracterizado a la actual administración es la opacidad de sus actuaciones, el desmontaje de las herramientas para el acceso a la información, lo que evidentemente conlleva a que se vulnere el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a Derechos Humanos.

Van más de 65 mil capturados1 en el marco del régimen de excepción, que está pronto a cumplir un año de su instalación en el país, y de esa cifra, más de 4 mil se han registrado como capturas arbitrarias. Se ha irrespetado el debido proceso, el acceso a la justicia y por ende a las personas no se les somete a un juicio justo, y más grave es que las familias de estas personas poco o nada saben sobre su situación, incluso ignoran si permanecen con vida. Esto va en contra del derecho a la verdad.

Por otro lado, las familias de las personas desaparecidas y víctimas de violaciones a DDHH en el marco del conflicto armado siguen sin acceso a la justicia, medidas de reparación ni garantías de que tales hechos no se repetirán; solo como ejemplo: un año lleva estancado el estudio de la Ley de Justicia Transicional sin que se aborde en la comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y abriendo la posibilidad de procedimientos arbitrarios, como las capturas en la Comunidad Santa Marta y en ADES en Cabañas. Esto va contra el derecho a la verdad y la dignidad de las víctimas.

Así también, madres, padres, amigos y amigas que buscan a sus familiares desaparecidos-as en los años más recientes no tienen información sobre las investigaciones de sus casos por parte de las instituciones del Estado; se han enfrentado a la estigmatización, a la burla, el descrédito de sus denuncias, acoso digital, por parte de personas afines al gobierno actual. Esto va contra el derecho a la verdad y su dignidad.

La prensa nacional enfrenta bloqueos a su labor. Al menos 125 agresiones contra periodistas se registraron en 20222, entre espionajes, acoso digital, bloqueo a cifras o información oficial, entre otras agresiones. Esto también va en contra del derecho a la verdad.

Como FESPAD ayer, hoy y siempre hemos estado acompañando a las víctimas, sus exigencias y sobre todo su dignidad, nunca del lado de grupos delincuenciales, por lo que en el marco de esta significativa fecha instamos:

Al Estado salvadoreño, desistir de su campaña de odio, desinformación, persecución, estigmatización y ataques contra periodistas, organizaciones de Derechos Humanos, liderazgos sindicales o comunitarios, entre otros.
A las instituciones del Estado, a brindar respuesta ágil, oportuna y libre de estigmatización a las familias de víctimas de violaciones a DDHH que se avocan a ellas, esperando su apoyo.
A los y las periodistas a continuar ejerciendo su labor de contraloría social, exigiendo la verdad de los hechos.
A las y los familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos del pasado y del presente, a mantener su espíritu de denuncia, y permanecer organizados-as.

No nos queda más que insistir en el llamado que hiciera Monseñor Romero, hoy San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, a la población en general: “Cada uno debe ser un devoto enardecido de la justicia, de los derechos humanos, de la libertad, de la igualdad”3.

San Salvador, 24 de marzo del 2023.