La comunidad 10 de Mayo, ubicada en el cantón Loma La Gloria en Ahuachapán, por medio de la Asociación de Comunidades para el Desarrollo Integral Sostenible (ACODIS), acompañada por el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA), y por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) EXPRESA:
Que la comunidad está constituida por 86 familias, haciendo un total de 350 personas, entre ellas niños y niñas, mujeres, y personas adultas mayores, asentadas en un terreno baldío desde 2010, sufren constantes situaciones amenazantes y de hostigamiento de órdenes de desalojo.
Diversos procesos judiciales se han promovido para desalojar forzadamente a las familias de la comunidad 10 de mayo, calificando a los habitantes de “usurpadores”, aplicando la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles (Decreto Legislativo N° 23 del 2009), cuya aplicación genera una serie de violaciones a derechos humanos y al debido proceso.
Ante esta vulneración se acudió en su momento a la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -CSJ- para interponer demandas de amparo en la búsqueda de la protección de los derechos de las 350 personas habitantes de la comunidad. En la resolución del 4 de agosto del 2018, la Sala de lo Constitucional ordenó al Viceministerio de Vivienda “Que en un plazo de seis meses realice acciones concretas para evaluar la posibilidad de reubicar a las interesadas y sus respectivas familias”.
Actualmente, las autoridades del sistema integral de vivienda (Ministerio de Vivienda, Instituto de Legalización de la Propiedad y el Fondo Nacional de Vivienda Popular) comunicaron a la comunidad que en el mes de julio de este año solicitaron a la Sala de lo Constitucional una ampliación del plazo de 120 días los cuales terminan en el mes de octubre, sin que exista una solución habitacional real para las familias habitantes de la comunidad.
El Ministerio de Vivienda generó una propuesta para 46 de las 85 familias; no obstante, la misma carecía de los diferentes elementos que compone el derecho a la vivienda adecuada. La propuesta no tomó en cuenta que las familias tienen más de 10 años de habitar en la zona y que por ende tienen un desarrollo laboral, cultural y educativo en el sector donde habitan; tampoco garantizaba condiciones de seguridad para las familias; inobservaba la capacidad adquisitiva de las familias, entre otras. La propuesta en concreto estaba orientada a la adquisición de un financiamiento por medio del Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI), para la adquisición de un inmueble en el municipio de Candelaria de la Frontera en el departamento de Santa Ana.
En el marco anterior, la comunidad generó tres propuestas de solución habitacional al Ministerio de Vivienda que comprendiera una ubicación adecuada que no afecte el desarrollo de la comunidad en sus distintas áreas; financiamiento público y solidario para familias históricamente en condiciones de vulnerabilidad ambiental, social y de seguridad apropiados para el desarrollo de los habitantes. A dichas propuestas no se les ha dado respuestas.
Por no aceptar esa solución se dejó a las familias la responsabilidad de ubicar un terreno para reubicarlos, tarea que la realizaron y ubicaron 3 terrenos, siendo inspeccionados por representantes del Ministerio de Vivienda de la zona occidental. A la fecha no han tenido ninguna consideración o respuesta ante los terrenos ubicados.
Reconocemos que se han anunciado acciones gubernamentales para extender títulos de propiedad a las personas en inseguridad jurídica. Pero en este caso particular, si no se cuenta con la solución real desde el Ministerio de Vivienda las familias seguirán siendo amenazadas con desalojos forzados, calificándoles de invasores cuando solo buscan la satisfacción de derecho a la vivienda adecuada.
Por lo anterior:
- Hacemos un llamado al sistema integral de vivienda, para que se dé una pronta y justa salida habitacional para generar seguridad jurídica y social, garantizando el derecho a la vivienda adecuada a las familias que habitan en la Comunidad 10 de Mayo.
- Esperamos que el Ministerio de Vivienda haya incorporado en la propuesta de Presupuesto General de la Nación 2022 la solución habitacional de la comunidad 10 de mayo y de otras en condiciones similares.
- Promovemos que el Ministerio de Vivienda solicite a la Sala de lo Constitucional de la -CSJ- otorgar un nuevo plazo que permita coordinar una solución real y justa a la comunidad.
- Insistimos en exigir a la Asamblea Legislativa que derogue el Decreto Legislativo N° 23 del 2009 que contiene Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles por transgredir derechos humanos, generar condiciones para la conflictividad social ya que no está en consonancia con la normativa internacional como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en materia de vivienda adecuada.
- Sabiendo que la cooperación internacional, en particular la Unión Europea, está colaborando con el Gobierno de El Salvador para el otorgamiento de títulos de propiedad, solicitamos se incluya a las 86 familias de la comunidad 10 de Mayo en los proyectos de beneficio habitacional.
San Salvador, 28 de octubre de 2021.
¡La tierra es de quien la habita!
