El 1 de junio de 2019, con el inicio de la actual gestión gubernamental El Salvador vivió el rompimiento del bipartidismo y lo que parecía dar esperanza sobre la forma de hacer política, sin embargo, a tres años poco o nada ha cambiado a nivel estructural.
Seguridad, principal tema publicitado
Pese a ser el argumento principal del discurso del actual gobierno, hasta el momento sigue sin conocerse nada sobre la existencia de una política de seguridad pública, tampoco se conoce nada del Plan Control Territorial -PTC-. Si bien se ha registrado una reducción de homicidios1, lo que sin duda es positivo, la caída abrupta de las cifras ha generado dudas en relación a las causas reales ante tal descenso, y que en un momento determinado tales inquietudes apuntaron a un posible pacto o negociación con pandillas, lo que finalmente salió a la luz2, confirmado en investigaciones periodísticas3.
En cuanto al combate a la criminalidad, la apuesta principal ha sido la represión, estrategia ya experimentada y fracasada en otros gobiernos. El protagonismo que se le ha dado la Fuerza Armada ha ido en ascenso en estos tres años, pasando de acompañar en tareas de seguridad, a imponer su presencia en cualquier tarea determinada por el Ejecutivo, tener más presupuesto que otras carteras de Estado4 o dar vía libre para el abuso de autoridad5.
Por otro lado, los índices de desapariciones no han corrido con la misma suerte que la de los homicidios, de enero al 31 de octubre de 2021 se reportaron 1555 desapariciones, dato que superó a los 1535 registrados en el todo el 20206. Lejos de atender la problemática, las víctimas, y sus familiares han sido revictimizados y estigmatizados, sin mencionar la falta de atención efectiva e información por parte de las instituciones. Las organizaciones que acompañan estos casos han experimentado un desinterés similar y toda propuesta en relación al tema ha sido desestimada.
La atención a la problemática de inseguridad, el combate a la delincuencia se está distorsionando. Aunque el discurso gubernamental apunta hacia acciones integrales, en el plano real la apuesta única parece ser la represión. La implementación y posterior prórroga del régimen de excepción es la muestra. Solo a través del régimen de excepción, el gobierno ha mantenido una racha de cero homicidios, pero esto, como ya se ha dicho, solo demuestra el fracaso del PTC. Según las mismas autoridades, hasta el 31 de mayo de 2022 36, 377 personas han sido capturadas7 en el marco del mencionado régimen, esto también ha agravado la situación de hacinamiento que ya tenía el país, haciendo que se incumpla, además, la misión del Estado de garantizar reinserción y readaptación de las personas privadas de libertad. La prevención de la violencia es otro de elementos fundamentales respecto a la seguridad pública. Hasta el momento solamente se contemplan acciones aisladas como la creación de la estructura de los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), que no tienen relevancia sin la atención a otras problemáticas como la estigmatización de las comunidades, la pobreza y el acceso a servicios básicos, entre otros.
Rompimiento del Estado de Derecho
A través del aparato de comunicaciones gubernamental, se ha generado un rechazo a todo aquel pensamiento que diste del discurso oficial, y que le resulten incómodas, incluyendo a las mismas instituciones del Estado. La narrativa de desprecio hacia la institucionalidad, permitió que situaciones graves como la militarización de la Asamblea Legislativa, la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, y la posterior aprobación de reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, promovido todo desde el Ejecutivo, no tuviera impacto en la respuesta de la población. Hay pocos signos de independencia judicial, se ha roto el Estado de Derecho, y prácticamente hay una concentración de poder, ya que todo el control de los tres órganos radica en el Ejecutivo rompiendo con el sistema republicano que ordena la Constitución.
Opacidad en la información
Irónicamente la visión de gobierno abierto, plasmada en el poco conocido Plan Cuscatlán, ha sido incumplida en todo sentido, pues lejos de fortalecer los mecanismos de acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana, en tres años, ha habido un abierto rechazo al escrutinio público, a cualquier iniciativa de contraloría social y a la rendición de cuentas. El Instituto de Acceso a la Información Pública -IAIP- ha sido debilitado con el nombramiento de personas cuestionadas, y se ha reservado la mayor cantidad de información pública posible. La labor de la prensa ha sido atacada de forma constante, mayormente cuando se han revelado detalles poco convenientes para el Gobierno, como los mencionados pactos con pandillas, o casos de corrupción cometidos por sus funcionarios, como los acontecidos en el marco de la emergencia por COVID-19, entre otros. Los ataques a la libertad de prensa y expresión se han ejecutado desde el ámbito digital, y peligrosamente han trascendido al plano físico, cuando agentes de autoridad, sobre todo, han actuado en detrimento de esta labor. Esta erosionada relación también se ha mantenido e incrementado con las Organizaciones de Sociedad Civil, incluso con organizaciones e instancias internacionales, concretándose en ataques directos provenientes de funcionarios-as, reconocidos-as voceros-as y a través de cuentas digitales anónimas a nivel de redes sociales.
Situación económica y medidas improvisadas
La adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador ha sido una de las banderas del gobierno en cuanto al tema económico, y aunque la recepción de la población no fue la esperada (ni siquiera por las personas afines), el discurso oficial sostiene que ha sido un logro. Sin embargo, hasta el momento se desconocen beneficios concretos derivados de esta medida y, por el contrario, por la fluctuación de la criptomoneda se han reportado perdidas. Dadas los evidentes fallos en su implementación y riesgos, pocas personas se ha arriesgado a su uso. El rechazo de esta medida incluso fue uno de los detonantes para una de varias marchas que se han suscitado. Cabe resaltar que hay constantes advertencias respecto a la situación de impago tras la adquisición de bitcoin. Por otro lado, los mismos datos oficiales revelan el incremento de la deuda externa del país, ascendiendo a finales del 2021 a $12,536.3 millones8, y que va en aumento9. El costo de la vida, no ha percibido cambios, y aunque se han tomado algunas acciones en algunos rubros determinados como el precio de la gasolina, esto más bien responde a la improvisación y no a una estrategia medular para abordar el tema económico y la situación de pobreza en El Salvador.
Desatención al tema ambiental
La preocupación desde las organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y comunidades ha ido incrementando tras los pasos que el gobierno va dando, de manera silenciosa, a nivel medio ambiental. Lo más reciente es la disolución del Fondo Ambiental de El Salvador, que debilitaría la institucionalidad ambiental. Las amenazas de un retorno la minería metálica, el poco interés a verificar el impacto de los mega proyectos extractivistas a las comunidades, el nulo acercamiento con las organizaciones para la formulación participativa de una Ley del Agua, y el recorte presupuestario a la cartera de Medio Ambiente han demostrado y reafirmado el poco interés por un abordaje preciso de este ámbito.
Despliegue del aparato de comunicaciones
Si hay algo para destacar de la actual gestión es su aparato de comunicación. Pues frente a estos y otros temas ha logrado posicionar discursos determinados en el imaginario colectivo, restando importancia a ciertas temáticas y desviándolas a otras con menor relevancia en la escala de prioridades. Iniciativas como la Ley Nacer con Cariño, la respuesta al COVID-19 o el retiro del nombre del responsable de una masacre de una instalación militar, que en general podrían considerarse positivas, han cobrado más relevancia en relación a otras acciones que han afectado a la ciudadanía, como la supresión de las cinco secretarías la presidencia a inicios de la gestión, el desmantelamiento del Instituto Nacional de la Juventud, el despido de empleados públicos, el alza de precios en la canasta básica, las detenciones arbitrarias, situación de feminicidios, falencias en materia de salud y educación, o el incumplimiento de promesas de campaña.
A tres años de gestión:
- El gobierno debe tomar acciones concretas para garantizar la satisfacción oportuna de los derechos fundamentales, priorizando su impacto en la ciudadanía y no intereses publicitarios.
- Solicitamos al gobierno que se abran los espacios de participación ciudadana y se puedan generar políticas públicas con aportes desde las Organizaciones de Sociedad Civil, para la atención de temáticas y población hasta el momento desatendidas.
- El compromiso de las organizaciones defensoras de DDHH, entre ellas FESPAD, es y ha sido siempre la dignidad humana, el respeto de los derechos humanos, por ello urge que, desde el Ejecutivo, cese la criminalización de las OSC así como los ataques a la prensa y a todo pensamiento crítico.
- Como organización de derechos humanos llamamos que prime la transparencia en todas las instituciones, y que ante casos de corrupción que se han conocido, se deduzcan responsabilidades. Aun es momento de corregir el rumbo, respetar el Estado de derecho, y demostrar así que no hay intención de tolerar prácticas que hasta ahora ha sido más de lo mismo de siempre.
San Salvador, 2 de junio de 2022.
- Hay una tendencia a la baja desde 2016. El Faro, 2016. La tendencia a la baja en los homicidios se ratificó en junio. Disponible en: https://www.elfaro.net/es/201607/el_salvador/18871/La-tendencia-a-la-baja-en-los-homicidios-se-ratific%C3%B3-en-junio.htm
- El Faro, 2021. Gobierno de Bukele negoció con las tres pandillas e intentó esconder la evidencia. Disponible en: https://elfaro.net/es/202108/el_salvador/25668/Gobierno-de-Bukele-negoci%C3%B3-con-las-tres-pandillas-e-intent%C3%B3-esconder-la-evidencia.htm
- El Faro, 2022. Audios de Carlos Marroquín revelan que masacre de marzo ocurrió por ruptura entre Gobierno y MS. Disponible en: https://elfaro.net/es/202205/el_salvador/26175/Audios-de-Carlos-Marroqu%C3%ADn-revelan-que-masacre-de-marzo-ocurri%C3%B3-por-ruptura-entre-Gobierno-y-MS.htm
- LPG, 2021. El Ejército, el que más crece en presupuesto. Disponible en: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Ejercito-el-que-mas-crece-en-presupuesto-20211001-0109.html
- Periódico DW. Presidente salvadoreño autoriza a usar fuerza letal contra el crimen organizado https://www.dw.com/es/presidente-salvadore%C3%B1o-autoriza-a-usar-fuerza-letal-contra-el-crimen-organizado/a-53254024
- FESPAD, Informe situacional de las personas desaparecidas en El Salvador en 2021.
- EDH, 2022. Detenidos durante régimen de excepción eran 36,377 hasta la medianoche del martes. Disponible en: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/estado-de-excepcion-ministerio-justicia-y-seguridad-publica-gustavo-villatoro/961987/2022/
- El Economista, 2022. El Salvador: deuda externa aumentó $802.9 millones, según Hacienda. Disponible en: https://www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-deuda-externa-aumento-802.9-millones-segun-Hacienda–20220406-0009.html
- El Economista, 2022. El bucle: emitir deuda para pagar más deuda. Disponible en: https://www.eleconomista.net/economia/El-bucle-emitir-deuda-para-pagar-mas-deuda-20220530-0001.html
