Este 16 de enero se cumplen 31 años de la firma de los Acuerdos de Paz, fecha que no debería ser olvidada, manchada o tergiversada por ningún actor social, sobre todo por las mismas instituciones del Estado, pues representa el cierre de 12 años de conflicto armado, durante el cual, más de 75 mil hermanos y hermanas salvadoreñas derramaron su sangre.
Los Acuerdos de Paz no solo permitieron que se desmontaran estructuras y cuerpos de seguridad que ejercían represión desde el Estado antes y durante el conflicto armado; que se diera la desmovilización armada de las fuerzas beligerantes, sino que, también se promovieran reformas en el sistema judicial, sentando las bases para la construcción de una sociedad democrática.
La firma de los acuerdos abrió la puerta al respeto de las libertades civiles y políticas, se transformó la institucionalidad del país, se desecharon prácticas como la persecución política por parte del Estado, la tortura o presos políticos; también se desmontó una práctica fraudulenta y amañada en los procesos de elección presidencial, diputaciones y autoridades municipales.
Han sido considerados como un hito que ha marcado la lucha de miles de víctimas de graves violaciones a DDHH para exigir verdad, justicia y el fin de la impunidad, especialmente por los hechos contemplados en el informe de la Comisión de la Verdad, que encomendó aplicar justicia ante los crímenes de la guerra, garantizar reparaciones integrales, así como la aplicación de reformas democráticas sostenibles.
En esencia, los Acuerdos de Paz no solo significaron un cese al fuego, sino la esperanza para el proceso de una cultura democrática, una paz duradera y un cambio social.
Pese a todo lo significativo de estos acuerdos, en los últimos años se ha querido mancillar, invisibilizar, rechazar o deformar su significado, llegando a decir que fueron una farsa, con lo que directamente se están omitiendo décadas de historia, invisibilizando a las víctimas, ocultando graves violaciones a DDHH, y desechando el esfuerzo colectivo por justicia, y garantías de no repetición.
Se ha querido hacer ver que el conflicto armado fue producto de dos bandos, cuando la historia ha sido clara en el origen de toda la convulsión social de aquella época, así como en la complejidad del fenómeno. Pero más grave es que se le esté tratando de restar importancia a los Acuerdos de Paz, que se haga referencia a que solo benefició a unos cuantos y que no ha significado nada a nivel social.
Como organización defensora de Derechos Humanos, lamentamos que el Estado ahora trate de instrumentalizar la lucha de las víctimas, se limite a ordenar acciones cosméticas como el retiro del nombre de un coronel de la fachada de una sede militar, se hagan remodelaciones de lugares históricos sin consultar a las víctimas o se emitan pronunciamiento por la memoria de las víctimas, cuando no se ha permitido el acceso a los archivos militares, no se ha aprobado una Ley de Justicia Transicional para víctimas de graves violaciones a derechos humanos y ahora, se ha dado protagonismo y nuevas funciones a la Fuerza Armada, prácticas desechadas por ser nocivas en la vida de los pueblos.
Es decepcionante que lejos de avanzar en el camino de la democracia y de la participación ciudadana para la construcción de la cultura de paz y el desarrollo humano, se ha ido desgastando el espacio cívico, ha ido creciendo de manera exponencial el número de ataques en contra las organizaciones de sociedad civil, evidenciándose en agresiones digitales, criminalización de personas defensoras de los Derechos Humanos, o mediante la emisión de normativa asfixiante de las aspiraciones sociales.
Preocupa, además, que lo que medianamente se ha había adelantado ahora sea minimizado, por lo cual como organización de DDHH instamos:
- Al Estado a detener la estigmatización, ataques y acciones contra las personas defensoras y organizaciones que defienden los Derechos Humanos.
- A que el Estado busque acercamientos con las víctimas de graves violaciones a DDHH y organizaciones que les apoyan.
- A la Asamblea Legislativa que retome el Proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado en El Salvador, elaborado por las organizaciones de la sociedad civil y presentado en 2021.
- Al movimiento social, a las y los defensores de DDHH, a las víctimas y familiares de víctimas, a mantenerse firme en la promoción de la memoria histórica, el conocimiento y reconocimiento de la verdad, así como en la defensa de los Derechos Humanos e ideales de paz, justicia y democracia.
- A la ciudadanía a informarse, conocer la historia desde la diversidad de versiones, haciendo un juicio objetivo, sin tintes políticos, pues como se ha dicho en infinidad de oportunidades: “un pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla”.
- A la Organización de las Naciones Unidas quién para contribuir al proceso de paz en El Salvador puso sus buenos oficios, hasta crear la unidad de ONUSAL, para que, al igual que en aquel momento, resalten ese acontecimiento como ejemplo para los demás pueblos del mundo que pasan por similar situación de conflictos.
Sabemos que la firma de los Acuerdos de Paz no fue un suceso mágico que cambió de pronto la vida del país, sin embargo, no se puede omitir el contexto en el que se alcanzaron, las condiciones sociales que propiciaron y el legado esencial para no permitir la repetición.
Es imperativo mantener la firme convicción que está prohibido olvidar, sobre todo por aquellos que ofrendaron sus vidas.
San Salvador, 16 de enero de 2023.
