Próximamente el Comité DESC de la ONU realizará, en Ginebra, Suiza, el examen al Estado de El Salvador sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratado multilateral que reconoce dichos derechos y establece mecanismos para su protección y garantía.
El Comité DESC ha hecho pública la lista de cuestiones a las que el Estado salvadoreño deberá responder, algunas de ellas son relativas a las disposiciones generales del Pacto, que tienen que ver con el Derecho a la libre disposición de las riquezas y los recursos naturales, como el grado de implementación y los resultados del Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas de El Salvador (PLANPIES); o los avances en el proceso de adhesión del Estado parte al Convenio 169 de la OIT.
El Estado de El Salvador también deberá proporcionar información sobre la evolución, en los últimos diez años, de los niveles de pobreza, las medidas de política fiscal tomadas para enfrentar la pandemia por COVID-19 e incluso deberá informar las medidas que se han tomado para garantizar que la eliminación de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, no tenga un impacto negativo en el acceso a la información, la transparencia en la administración y la eficacia de la lucha contra la corrupción.
Otras cuestiones del Comité DESC van orientadas a disposiciones específicas del Pacto, entre ellas los avances en la adopción de una legislación relativa a los desalojos forzosos, que cumpla con los estándares internacionales; los avances en la reforma al ordenamiento jurídico para garantizar el derecho a la alimentación en la Constitución; las medidas adoptadas por el Estado parte para combatir la criminalización de las mujeres por los llamados delitos relacionados con el aborto; y qué ha hecho el Estado parte garantizar que las medidas adoptadas en razón de la pandemia COVID-19 no provoquen desigualdades en el acceso a la educación, en especial a la educación a distancia.
FESPAD por su parte ha presentado al Comité DESC un informe alternativo al presentado por el Estado, el cual detalla la aplicación de los artículos del Pacto y algunas recomendaciones, esperando que el Comité lo tome en cuenta al momento del examen y a la emisión de las recomendaciones al Estado de El Salvador.
