La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa invitó a FESPAD y representantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador -MOVITIERRA- a exponer los argumentos jurídicos, políticos y sociales que fundamentan su postura en torno a la petición para derogar el Decreto 23.
El pasado lunes 13 de los corrientes, la abogada Vivian Gutiérrez, abogada de FESPAD, junto a directivos del MOVITIERRA, expusieron las graves violaciones a Derechos Humanos que está causando a nivel nacional la aplicación de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, conocida como Decreto 23, a los sectores en condición de pobreza y vulnerabilidad.
Se aprovechó la invitación para presentar a diputados y diputadas de las diferentes fracciones legislativas que integran la Comisión, los argumentos jurídicos que fundamentan su derogatoria, entre estos; la violación al derecho a la protección jurisdiccional como marco del cual se encuentran comprendidos los derechos de audiencia y defensa vinculados al debido proceso, reconocidos en artículo 11 y 12 de la Constitución de la República. En virtud que se faculta a los Jueces de Paz a conocer un procedimiento expedito para que se pueda desalojar a cualquier persona que no posea título de propiedad que se agota en menos de 15 días.
Se compartió los graves impactos que los desalojos forzosos están generando a nivel nacional en aplicación al Decreto 23, en campesinos y campesinas, comunidades urbanas y rurales que se encuentran en inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, asentadas por más de 30 años en tierras de ISTA, lotificaciones ilegales, línea férrea, calles en desuso, zona costera y en los lugares donde potencialmente se desarrollaran proyectos de inversión que carecen de un título para garantizar la propiedad o posesión regular,legalmente ahora llamadas invasoras.
En el marco del derecho internacional de los derechos humanos se enfatizó que dicha normativa violenta diversos instrumentos suscritos y ratificados por El Salvador como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Acentuando que no se discute el respeto a la propiedad privada; sino que se pone en cuestión, que en aras de su reconocimiento, se violente el derecho a la vivienda digna, al hábitat, a la educación, a la salud, a la alimentación adecuada, al trabajo. Todos estos derechos que en condiciones muy precarias, se ven resueltos en y desde el lugar donde actualmente se están ejecutando desalojos forzosos, intensificando los conflictos sociales y la desigualdad que invariablemente afectan a los sectores más pobres, desfavorecidos y vulnerables de la sociedad.
