País enfrenta dos audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rose Marie Antoine, sugirió al Estado salvadoreño tener precaución al relacionar el término terrorismo con las pandillas juveniles. Lo hizo en el marco de la audiencia promovida por 12 organizaciones no gubernamentales para que El Salvador explique las medidas que ha tomado para lidiar con los desplazamientos internos de poblaciones generados por la violencia.
Antoine aseguró que la petición de precaución surge porque otras experiencias similares sugieren que los Estados suelen poner énfasis en adolescentes pobres y marginados al aplicar este tipo de políticas represivas. “Y vemos que El Salvador es de los pocos países en la región que la tienen (este tipo de normativa)”, agregó la funcionaria.
“Al hablar de grupos terroristas y relacionarlos con estos grupos surge la preocupación de los adolescentes, que suelen ser más vulnerables ante estas políticas (de Estado)”, había dicho por su parte la comisionada para la niñez de la CIDH, Rosa María Ortiz.
Edgardo Amaya, responsable de atención a víctimas en el Ministerio de Justicia y Seguridad, explicó que no se trata de una política de Estado, sino de una consideración hecha por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que el pasado 24 de agosto reiteró la legalidad de la normativa antiterrorismo.
La sala consideró, en esa ocasión, que actividades criminales en las que las pandillas se han visto involucradas pueden considerarse terroristas. Amaya aclaró, no obstante, que el fallo no obliga a los jueces a aplicar el delito de terrorismo en casos contra pandillas. Poco antes de la resolución de la sala, la Fiscalía General salvadoreña había acusado a unos 300 jóvenes, supuestos miembros de pandillas, de terrorismo. Más de la mitad salio libre casi de inmediato.
El cuestionamiento sobre la tipificación de las pandillas como grupos terroristas fue parte de las respuestas que la presidenta Antoine y la comisionada Ortiz dieron al Estado en la audiencia por los desplazamientos internos producidos por la violencia en El Salvador. Pedro Martínez, en representación de las ONG que propusieron la audiencia, había dicho que el Estado salvadoreño “no reconoce” como problema el desplazamiento forzado de decenas de familias dentro del territorio nacional a causa de la violencia.
Abraham Ábrego, otro de los denunciantes, aseguró que el Estado, a pesar de contar con algunos planes de atención a víctimas, no tiene los recursos para echarlos a andar ni ha logrado ejecutar acciones efectivas para evitar los desplazamientos, que las 12 organizaciones demandantes cifraron en 280,000 personas obligadas a dejar sus casas en los últimos cuatro años (una cifra que el Estado no confirmó).
Muchos de los desplazamientos internos, aseguró Martínez, suelen culminar en migraciones transnacionales.
Howard Cotto, subdirector general de la Policía salvadoreña, reconoció el problema de violencia interno y enumeró varios programas de atención a víctimas.
Por su parte, Tania Rosa, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguró que la mayor parte de las migraciones de jóvenes que han llegado a Estados Unidos procedentes de El Salvador durante el último año tiene como causa “el deseo de reunificación familiar” antes que la violencia.
Ayer, el Estado salvadoreño también escuchó reclamos en nombre de mujeres que cumplieron condenas o están presas, acusadas de homicidio agravado, por haber sufrido abortos espontáneos.
(Información y fotografía tomada de La Prensa Gráfica, 20 de octubre de 2015, p. 18)
http://www.laprensagrafica.com/2015/10/20/cidh-pide-cautela-al-ligar-terrorismo-con-pandillas
