San Salvador, 18 de agosto de 2020
Señor
Nayib Bukele
Presidente de la República
Alameda Manuel Enrique Araujo, 5500
San Salvador, El Salvador
CC. Alexandra Hill
Ministra de Relaciones Exteriores
Antiguo Cuscatlán, El Salvador
Re: Apoyo a Comisiones de búsqueda de niños, niñas y personas adultas desaparecidas durante el conflicto armado.
Estimado Señor Presidente:
Reciba un cordial y atento saludo de quienes suscribimos la presente comunicación. Somos asociaciones de víctimas de hechos de violencia ocurridos durante el conflicto armado y organizaciones de la sociedad civil dedicadas desde hace años a la promoción y protección de derechos humanos.
Como es de su conocimiento, en 2010 y 2017 respectivamente, gracias al empuje de los familiares de personas desaparecidas, por medio de decretos ejecutivos y en cumplimiento de sentencias y estándares internacionales, se crearon la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos (CNB) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas (CONABUSQUEDA), ambas con el mandato de buscar, localizar, identificar y posibilitar el reencuentro de las personas desaparecidas durante el conflicto armado –o sus restos mortales– con sus familiares. Estas Comisiones operan como un solo mecanismo con autonomía, pero dentro de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hasta ahora, la CNB ha resuelto exitosamente 107 casos de personas que desaparecieron siendo niños o niñas, de los 349 casos documentados; en tanto CONABUSQUEDA tiene 232 investigaciones en proceso, de un total de aproximadamente más de 5 mil personas adultas desaparecidas. Entendemos que estos resultados son el fruto de la entrega, creatividad y experiencia que tienen en estos temas quienes dirigen ambas Comisiones, pero también tenemos conciencia que aun no cuentan con los recursos idóneos para hacer su trabajo de forma óptima y sin más demora, pues aún hay miles de familias esperando respuestas. La labor de búsqueda de quienes desaparecieron hace décadas y cuyo paradero ha permanecido oculto es compleja y requiere de todo el conocimiento disponible en la materia y un decidido apoyo político.
Compartimos el argumento que Usted expuso en el Veto por inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No. 575 que contienen la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, en el que señala la necesidad de que estas Comisiones sean amparadas por una ley, y no por un decreto ejecutivo. Sin embargo, más allá de la norma que regule a estas Comisiones, es apremiante que su Persona y su Gobierno tomen acciones decididas para que se conozca la verdad y aliviar el dolor de quienes aún no saben que pasó con sus seres queridos, casi tres décadas después. Todo esto, ahora es más necesario que nunca porque los hechos que se investigan son de larga data, y mucha evidencia genética forense se pierde, los informantes claves y familiares de víctimas directas están muriendo con el dolor de no haber encontrado.
Por lo anterior, Señor Presidente, retomamos las peticiones que le hicimos llegar en noviembre de 2019, por medio de otra carta. En particular:
- Que, en su calidad de Comandante General de la Fuerza Armada, gire las respectivas órdenes a toda dependencia del ejército para que, con la mayor diligencia posible, localicen, conserven, reconstruyan y pongan a disposición de la CNB y CONABUSQUEDA todos los archivos que puedan contribuir a resolver los casos que, en el presente y el futuro, sean investigados por estas comisiones.
- La agilización de las contrataciones pendientes para completar el equipo operativo (que entendemos son al menos 10 plazas), indispensables para llevar a cabo las investigaciones desde un enfoque multidisciplinario.
- Que no se afecte el presupuesto ya aprobado para 2020, para ambas Comisiones, ni aun para cubrir necesidades de la pandemia Covid-19, pese que consideramos que también es importante, pero las familias de las personas desaparecidas en el conflicto armado, han esperado entre 30 a 40 años para obtener una respuesta del Estado. De la misma manera, también pedimos que se mantenga el suficiente financiamiento en el presupuesto 2021, a finde garantizar el adecuado funcionamiento de ambas comisiones.
Lo anterior también ha sido requerido por organismos internacionales de derechos humanos en sus visitas oficiales a El Salvador. Tanto el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición –que visitó al país en abril de 2019– como la CIDH en su visita in loco de diciembre de 2019, luego de reconocer la importancia que tienen ambas comisiones para el conocimiento y reconocimiento de la verdad y la búsqueda de personas desaparecidas, urgieron al Estado salvadoreño para que les sean aseguradas su autonomía institucional y presupuestaria, así como los recursos financieros necesarios para llevar a cabo su importante misión.
Quedamos a la espera de su respuesta, al tiempo que reiteramos nuestra disponibilidad de dialogar sobre lo solicitado y ofrecemos nuestra colaboración para coadyuvar a la misión de las Comisiones.
Atentamente:
- Comité de Madres de Reos y Desaparecidos Políticos “Monseñor Romero” (COMADRES)
- Comité de Madres y Familiares Cristianos de Presos, Desaparecidos y Asesinados (COMAFAC)
- Centro para la Promoción de Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” (CPDH)
- Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos «Marianella
García Villas» (CODEFAM) - Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES)
- Asociación de Derechos Humanos «Tutela Legal Dra. María Julia Hernández»
- Asociación Pro–Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Probpusqueda)
- Asociación “Febe Elízabeth Ramírez”
- Comité de Ex Presos y Presas Políticos de El Salvador (COPPES)
- Concertación Monseñor Romero
- Fundación Comunicándonos para el Desarrollo
- Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)
- Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
- Fundación Mauricio Aquino/Campaña Los Huesos de Nuestros Padres.
- Fundación Cristosal
- Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Organizaciones integrantes de la Mesa contra la Impunidad, Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica.
