San Salvador, 10 de diciembre 2024
Señoras y señores
Honorable Junta Directiva
Asamblea Legislativa
Presente.
Estimadas Diputadas y Diputados:
En nombre de las comunidades organizadas, iglesias históricas, y organizaciones sociales, ambientales, de mujeres y juveniles que representamos, nos dirigimos a ustedes con suma preocupación ante la posibilidad de que se impulse la derogación de la Ley Especial de Prohibición de la Minería Metálica, un retroceso inadmisible que pondría en riesgo la vida, la salud y el bienestar de la población salvadoreña, así como de nuestros ecosistemas.
Está demostrado, técnica y científicamente, que la minería metálica es una actividad devastadora para un país como El Salvador, donde el agua y el territorio son recursos críticos y limitados. Reactivar esta industria, prohibida por consenso nacional en 2017, sería una decisión irresponsable y contraria a los compromisos éticos, sociales y ambientales que ustedes como representantes tienen con la ciudadanía.
El principal daño ambiental de la minería metálica para El Salvador es el uso excesivo y contaminación del agua, provocado por el proceso de lixiviación del oro, para el cual utilizan grandes cantidades del recurso hídrico mezclado con cianuro y otros químicos altamente tóxicos, que derivan en la generación de drenaje ácido, tal como ocurrió en el rio San Sebastián, ubicado en Santa Rosa de Lima, La Unión, y en otros países que impulsan minería como fuente de ingresos económicos.
De acuerdo a múltiples estudios ya conocidos, la zona norte del país (Santa Ana, Cabañas, Chalatenango, Morazán y La Unión), en donde se encuentran los yacimientos de minerales metálicos, es una de las áreas más frágiles en relación con el agua; y que requieren mayor atención, es en estos territorios donde nacen y fluyen muchos de los ríos tributarios del Rio Lempa, que drena cerca de dos terceras partes del país y es la arteria principal de la que depende no sólo el abastecimiento de agua potable del país, sino también la generación de energía eléctrica en forma parcial.
La situación de abastecimiento de agua en estos departamentos ya es crítica, la autogestión del agua es denominador común para las áreas rurales de los mencionados departamentos. De acuerdo con los datos del VII Censo de población y vivienda El Salvador 2024, en Santa Ana más del 30% de la población se abastece de agua por servicios comunitario o va directo a la fuente agua, en Chalatenango es el más del 70% de la gente que se autogestiona las formas de tener acceso a agua, en Cabañas la autogestión de agua la realiza cerca del 50% de la población, en Morazán la autogestión es más del 60% y en la Unión es casi el 80% de la población que tienen otras formas de gestión de agua, en esos departamentos las fuentes de agua son fundamentales para gestionar la vida, y el Estado se ha mantenido ausente de garantizar su derecho humano al agua.
Señoras y señores diputados, ustedes tienen la responsabilidad histórica de actuar en favor de la ciudadanía y no de los intereses de las empresas mineras. No permitan que El Salvador sea un ejemplo mis de países saqueados por corporaciones extranjeras a costa de su gente y su futuro.
¡MINERÍA NUNCA MÁS!
¡SÍ A LA VIDA, NO A LA MINERÍA!
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