Desde que la guerra civil terminó en El Salvador, la relativa estabilidad socio política y el ascenso de los precios del oro llevaron a varias empresas a explorar los recursos naturales de El Salvador. En la década del 2000, cuando las actividades de exploración se pusieron en marcha, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) comenzaron la movilización contra la referida industria .
En 2003, las comunidades locales comenzaron a plantear problemas en relación con un proyecto de minería de oro dirigido por Pac Lamer Cayman LLC, la filial de una empresa canadiense ahora controlada por un empresa australiana. Las comunidades expresaron su preocupación sobre el potencial social y los impactos ambientales de la minería de oro en El Salvador, entre ellos la contaminación del agua y salud.
Después de varios años de movilización de las comunidades en defensa de su territorio obligaron al gobierno a revisar su política de minería. En la actualidad existe una moratoria de facto sobre la minería metálica en el país. En 2011, el gobierno llevó a cabo una evaluación ambiental estratégica, y el siguiente año se preparó un proyecto de ley sobre la minería metálica para suspender todos los procedimientos administrativos en relación con los proyectos de exploración y explotación existentes en el país . Sin embargo, el proyecto de ley aún está siendo debatido y aún no ha sido aprobado por el Parlamento.
Para La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, el caso Pacific Rim debe verse desde la historia de una comunidad y el pueblo de El Salvador, que se puso de pie contra una empresa minera que utiliza un tratado internacional para obligar al gobierno a pagar una indemnización por la negación de un permiso para el que la empresa no tenía derecho. En términos más generales, los grandes proyectos mineros destacan los desequilibrios que existen en el ordenamiento jurídico internacional, donde la protección otorgada a los derechos fundamentales de las comunidades son mucho más débiles que las protecciones otorgadas a los inversionistas extranjeros.
Lea el informe completo (por el momento sólo en Inglés) en este enlace: Bringing community perspectives to investor-state arbitration the Pac (posteriormente se publicará en Castellano)
