Históricamente El Salvador ha sido un país con muchas asimetrías, en los planos político, económico y social; en donde diversos sectores en condición de vulnerabilidad han sido marginados y excluidos del acceso a las políticas públicas. En la segunda mitad de la década del siglo XX el país fue escenario de una crisis social y política, lo cual desembocó en un conflicto armado interno.
Los Acuerdos de Paz que transformaron ese conflicto, marcaron el inicio de un proceso democratizador que ha encontrado serias dificultades para superar elementos autoritarios en el ejercicio del poder; así como impulsar políticas públicas que impacten en las condiciones de vida de la población salvadoreña. Los actores políticos que protagonizaron la firma de la paz y los surgidos en el contexto posterior, han centrado su actuar en lograr el control del aparato estatal en detrimento del fortalecimiento democrático necesario para derivar en institucionalidad capaz de garantizar la promoción, defensa y restitución de los derechos humanos.
Lejos de avanzar en ese proceso de democratización, en El Salvador se percibe un serio debilitamiento de la institucionalidad y del Estado de Derecho, lo cual incrementa la preocupación sobre las posibilidades reales de atender los problemas históricos en cuanto al cumplimiento del rol garante de los derechos humanos por parte del Estado.
En materia de seguridad no existe evidencia de una política pública clara y transparente[1] y a pesar de que estadísticamente se destaca la baja de homicidios, el fenómeno de la desaparición de personas viene en incremento, poniendo en tela de juicio los publicitados resultados en esa área.
La problemática de la desaparición de personas tiene una magnitud alarmante, solo entre 2014 y 2019 se registraron más de 22 mil denuncias de desaparición[2]. Durante el año 2020 el fenómeno ha persistido siendo la población joven y adulta joven la más afectada. De acuerdo con información proporcionada por la PNC, en el 2020 se registraron 1,539 desapariciones de personas, de estas el 34.18% (526) correspondía a mujeres y 65.82% (1,013) a hombres, de los cuales 41% eran casos activos al finalizar el año[3]. Entre enero y abril de 2021 se han registrado 424 personas desaparecidas según datos de la Fiscalía General de la República, representando un incremento en relación a 2020 en el mismo periodo cuando se registraron 198[4].
A la incapacidad del Estado para evitar que ocurran las desapariciones se suman las deficiencias en la investigación para ubicar a las personas y sancionar a los responsables. Las personas siguen desapareciendo en El Salvador sin que el Estado defina de manera concreta cómo abordar la problemática y sin dar respuesta a las familias de las personas desaparecidas. El aumento del fenómeno es producto de décadas de estrategias de seguridad impulsadas de manera instrumental ante los contextos políticos y no de cara a fortalecer el rol garante de derechos que le corresponde al Estado salvadoreño. Rápidamente las desapariciones se han convirtiendo en el tema principal de seguridad en el país.
La debida atención de este tipo de hechos involucra, principalmente, a la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a Policía Nacional Civil, al Órgano Ejecutivo y, de manera particular, a la Dirección de Atención a Víctimas.
La problemática persiste junto a otros indicadores de violencia como los homicidios, el desplazamiento forzado, los crímenes de odio, todo ello propiciado por la falta de acciones integrales para el abordaje de la violencia
En este contexto, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- presenta este día el proyecto: “Sociedad civil promoviendo el acceso a la justicia y la seguridad humana en El Salvador”, con el objetivo de contribuir a fortalecer la débil institucionalidad del Estado y a garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la población afectada por distintos tipos de violencia.
El proyecto pretende coadyuvar a mejorar la débil institucionalidad del Estado para buscar garantías en el cumplimiento de los derechos humanos en El Salvador, marcados por distintos tipos de violencia. De manera específica, se espera contribuir a mejorar los siguientes aspectos: (1) la ineficiencia de los mecanismos para la tutela de los derechos de la ciudadanía ante hechos constitutivos de desaparición forzada; (2) Falta de idoneidad de funcionarios que presiden las instituciones encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos; (3) Poca labor de participación ciudadana en las acciones de los órganos del Estado en relación al abordaje de la violencia.
Los destinatarios principales del proyecto son: Sociedad civil organizada, comités de familiares de víctimas de desaparición forzada y colectivos ciudadanos de tres municipios de El Salvador, en este caso: Mejicanos, Ilopango, del departamento de San Salvador y Cojutepeque, del departamento de Cuscatlán.
El proceso también estará dirigido a funcionarios, funcionarias e instituciones públicas: PDDH, FGR, PNC, Órganos Ejecutivo y Legislativo.
Por otra parte, ante la poca transparencia en las acciones del gobierno para abordar la violencia, la falta de funcionarios idóneos al frente de la institucionalidad del Estado y el abandono de espacios de articulación con la sociedad civil, se fomentará la contraloría ciudadana sobre las acciones del gobierno, tanto a nivel local como central. De ahí que el proyecto plantea acciones para contribuir a que los ciudadanos/as propongan a gobiernos locales y Órgano Ejecutivo medidas integrales para la prevención de la violencia.
En el marco de lo anterior, se impulsarán acciones como: monitoreo sobre hechos de desaparición forzada en El Salvador; litigio estratégico y acompañamiento de casos de desaparición; campaña de divulgación de propuestas para mejorar la respuesta ante estos casos; incidencia en nombramientos de funcionarios de instituciones clave y evaluación de desempeño; diagnóstico sobre procedimientos y herramientas para elección y evaluación de funcionarios de instituciones clave; y elaboración y promoción de propuestas para contribuir a la prevención de la violencia.
Este esfuerzo se realizará durante 3 años, con el apoyo de la organización alemana Pan Para el Mundo, una aliada estratégica que por muchos años ha respaldado a FESPAD en la ejecución de iniciativas para la prevención de la violencia y la promoción de la cultura de paz y con quien la institución comparte los ideales de un El Salvador justo y seguro.
San Salvador, 21 de octubre de 2021
[1] A pesar del llamado que en diciembre de 2019 la CIDH hizo al Estado de El Salvador para dar a conocer el denominado Plan Control Territorial y crear instancias de participación ciudadana, a la fecha, no se conoce públicamente el mencionado plan.
[2] fespad.org (2021), “La desaparición de personas en El Salvador”. Disponible: https://drive.google.com/file/d/1U6d8M8h0RgZmZ0jx4gdhnAeu-pn_o3CN/view
[3] Elaboración propia, con base a datos de resolución de la OIR- PNC (referencia C-113-2020).
[4] laprensagrafica.com (2021), “Cifras de desaparecidos se ha duplicado en 2021”. Disponible: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cifras-de-desaparecidos–se-ha-duplicado-en-2021-20210616-0105.html
