Josué fue desaparecido el 4 de junio del año 2011, cuando a penas era un adolescente de 14 años de edad. Ese día fue a apoyar a su tía en un negocio familiar. Alrededor de la una de la tarde, salió de regreso hacia su casa, pero nunca llegó con su familia. En horas de la noche de esa misma fecha, la mamá de Josué, angustiada y sola, acudió a la Delegación Policial de Santa Ana a reportar la desaparición de su hijo, pero no le tomaron la denuncia.
Al día siguiente, el 5 de junio de 2011, acudieron de nuevo a la misma delegación de la PNC y tampoco les querían tomar la denuncia ya que le indicaron debían esperar 24 horas. El día el 6 de junio se presentó a la Fiscalía General de la República interponer la denuncia, esperando obtener respuestas, sin embargo, nunca realizaron ninguna diligencia oportuna o eficiente. Tampoco se le ofreció al grupo familiar de Josué ningún otro tipo de apoyo para poder enfrentar todas las consecuencias de tan terrible hecho.
En esa época, ejercía como presidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, el cargo de Ministro de Justicia y Seguridad Pública era ocupado por José Manuel Melgar Henríquez, como director de la Policía Nacional Civil fungía Carlos Asencio y como Fiscal General de la República, se desempeñaba Romeo Barahona. La Asamblea Legislativa, por su parte, tenía como grupos mayoritarios a los partidos ARENA y FMLN.
Ninguna de las instituciones encargadas de la seguridad de la ciudadanía, fue capaz de evitar la desaparición de Josué o de determinar quién o quiénes eran los responsables de ese abominable hecho, tampoco hicieron lo necesario para ubicarlo, con o sin vida.
Han pasado 11 años desde que se interpuso esa denuncia y aún no hay ningún avance en la investigación por lo que no se ha presentado requerimiento fiscal y, obviamente, la familia de Josué no tiene conocimiento de qué pasó con su ser querido.
Ante esas circunstancias, este día presentamos una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional, con el objetivo de que las actuales autoridades garanticen a Josué y su familia, la justicia que en el pasado se les ha negado.
En la demanda, se reclama por (1) la omisión de una investigación exhaustiva y concluyente por parte de la Fiscalía General de la República, que permita establecer quién o quiénes son los responsables de la desaparición de Josué y, también dar con su paradero; con lo cual se vulnera (a) el derecho de acceso a la jurisdicción; y (b) el derecho a conocer la verdad. La demanda también se fundamenta en (2) la omisión de la Asamblea Legislativa respecto a emitir una normativa que contribuya a hacer eficiente el proceso de ubicación o identificación de una persona desaparecida y para garantizar apoyo psicosocial al grupo familiar de quien ha sido víctima de tan terrible hecho, omisión con lo cual, se vulnera el derecho (a) a la protección para la conservación y defensa de los derechos y (b) el derecho a la protección familiar.
Una sentencia favorable de la Sala de lo Constitucional, implicaría ordenar a las actuales autoridades de la Fiscalía General de la República, llevar a cabo las diligencias necesarias para una verdadera investigación, que permita acceder a la justicia y conocer la verdad de lo que pasó.
Asimismo, implicaría ordenar a la Asamblea Legislativa, la emisión de la ley “Cada salvadoreño importa: nadie quedará en el olvido”, que le de mayores herramientas a las autoridades para poder llevar a cabo los procesos de búsqueda y para atender a las familias de las personas desaparecidas.
Hacemos el llamado a la Sala de lo Constitucional a estudiar la demanda presentada a la brevedad posible y con ello, superar ese pasado oscuro en que se ignoraba a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.
San Salvador, 24 de noviembre de 2022
