“Balance sobre la situación de transparencia, la lucha contra la corrupción y su impacto en los derechos humanos”

El pasado 9 de diciembre se celebró el “Día Internacional contra la Corrupción”, fecha declarada así por las Naciones Unidas con el fin de promover la sensibilización de las sociedades respecto al grave problema social, económico, político, cultural, histórico y estructural que representa la corrupción en el interior de cada uno de los países que sufrimos este flagelo.

De igual forma el día de hoy 10 de diciembre se conmemora el 66° aniversario del “Día Internacional de los Derechos Humanos”, fecha en la cual se promueve el respeto a los derechos básicos e inalienables de todas y cada una de las personas como ideal común al que debemos aspirar todas las naciones y pueblos del mundo. En atención a esta importante fecha, el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon instó a los Estados a que cumplan su obligación de proteger los derechos humanos todos los días del año e hice un llamado a todas las personas para que hagan rendir cuentas a sus propios gobiernos.

Las celebraciones del Día Internacional contra la Corrupción y del Día Internacional de los Derechos Humanos son consecuentes la una con la otra y permiten posicionar el derecho de acceso a la información, el cual ha sido ya considerado como un derecho humano fundamental, que se configura junto al derecho de participación ciudadana y al derecho de exigir rendición de cuentas, en mecanismos ciudadanos para garantizar la transparencia en la gestión pública como requisito indispensable para la construcción de una democracia efectiva y respetuosa de los derechos y garantías inherentes a la condición humana.

Es por ello, que este día y en el marco de encontrarnos celebrando en El Salvador la “Semana de la Transparencia”, diferentes organizaciones de la sociedad civil sociales entre ellas Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Fundación de Estudios para la Aplicación de Derecho (FESPAD), Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) y otras, a la opinión pública MANIFESTAMOS:

En primer lugar queremos ratificar desde la sociedad civil, nuestro fiel compromiso por continuar fomentando y promoviendo una cultura política de transparencia que conlleve a fortalecer la institucionalidad democrática de El Salvador, que ayude a reducir los espacios y factores de riesgo en los cuales se puedan cometer actos contrarios a la ética pública, la probidad pública y el buen manejo de los fondos públicos, y que permita con ello una lucha efectiva contra la corrupción.

La aprobación y posterior entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) ha venido a cohesionar el disperso cuerpo normativo que hasta ese momento existía en materia de garantías al derecho humano a la información y libertad de expresión, permitiendo a la ciudadanía acceder a información que hasta hace 6 años no era de conocimiento público como por ejemplo los procedimientos de adjudicación y contratación, los listados de obras en ejecución o ejecutadas, los  listados de viajes internacionales, entre otros.

En materia de acceso a la información, denotamos avances sustanciales entre los que se destacan el fortalecimiento institucional mediante la apertura de Oficinas de Información y Respuesta o Unidades de Acceso a la Información en más del 97% de las instituciones públicas, la entrada en funcionamiento hace poco más de un año del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el avance significativo que instituciones como Casa Presidencial, Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas entre otras, han tenido al pasar de niveles de opacidad total hasta alcanzar en este último año altos niveles en publicación y divulgación de información pública, y el reconocimiento jurisprudencial que la Sala de lo Constitucional a través de diversas resoluciones ha venido dando al derecho humano de acceso a la información, inclusive en casos en los cuales se intentó coartar mediante reservas legales, el ejercicio del mismo.

El recién publicado Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional (TI) refleja un leve avance en cuanto a la posición que el país ocupa dentro del mismo, esto gracias al aumento de un punto en su medición (39/100) en comparación al índice anterior, sin embargo consideramos que el país puede avanzar mucho más en este tema y para ello es necesario que los diferentes actores de la vida nacional nos comprometamos a cumplir y hacer cumplir las leyes que permitan prevenir, investigar y esclarecer casos de corrupción como el del Boulevard Ex Diego de Holguín ahora Monseñor Romero, por el cual se procesa actualmente al exministro de Obras Públicas Jorge Nieto o el tan sonado caso de los donativos provenientes de Taiwan mejor conocido como caso Flores; entre algunos de los más de 150 casos de corrupción que fueron presentados ante la Fiscalía General de la República en el quinquenio anterior.

Al realizar un balance acerca de algunos de los casos antes mencionados, podemos denotar que en la actualidad solamente tres casos han llegado a sentencia condenatoria, sin embargo la pena para los implicados en estos casos ha sido sustituida por penas no privativas de libertad y trabajo de utilidad pública.

En materia de garantizar derechos humanos como los de la libertad de expresión, libertad de información y libertad de prensa entre otros, es necesario también reflexionar acerca de la inminente necesidad que el país debe enfrentar en cuanto a la democratización de sus medios de comunicación, vemos con preocupación que diferentes sectores generadores de opinión pública mediática muestren su rechazo a la apertura democrática del espectro radioeléctrico, a la reforma de diferentes cuerpos normativos que garanticen condiciones de igualdad, participación y transparencia en los procesos legales y administrativos, a la realización de estudios técnicos sobre la distribución y actual situación del mercado de las comunicaciones televisivas y al fomento de la competitividad bajo normas claras; ya que todo ello permitiría al país dar cumplimiento a altos estándares internacionales como los emanados de la OEA o la ONU.

Durante la última semana uno de los casos más sonados en los diferentes medios de comunicación es el que involucra al actual Presidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, en la compra de inmuebles al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), los cuales están ubicados en el municipio de Nuevo Cuscatlán. Ante tal cuestionamiento consideramos es importante monitorear el cumplimiento del debido proceso administrativo que señala la Ley en el tema de la adquisición de activos inmobiliarios propiedad del IPSFA, ello con el fin de transparentar y esclarecer tal situación.

En este sentido consideramos oportuno manifestar que según información oficial proveniente del IPSFA, a la fecha se ha realizado la venta de 93 lotes pertenecientes al proyecto Greenside Santa Elena, de los cuales 28 ventas fueron realizadas dentro de la misma banda de precios en la cual la Sociedad Terreín, -de la que Sigfrido Reyes y su asesor son accionistas- adquirió los lotes. Por ello hacemos el llamado al Presidente de la Asamblea Legislativa para que pueda esclarecer a la brevedad la forma y procedimiento de adquisición de los bienes que se le atañen; así mismo le exhortamos para que en su calidad de funcionario público rinda cuentas acerca del capital con el cual se realizó la compraventa, esto con el fin de evitar las especulaciones sobre el manejo de fondos públicos que actualmente recaen contra su persona.

Así mismo también hacemos un llamado al Fiscal General de la República, Lic. Luis Martínez para que en cumplimiento a su mandato constitucional de representar al Estado y salvaguardar los intereses del país y sus ciudadanos, muestre un mayor compromiso con el combate a la corrupción, realizando las acciones que sean necesarias y anteponiendo los más altos estándares de ética pública y transparencia en el ejercicio de sus funciones, específicamente en aquellos casos en los cuales está siendo cuestionado su papel como garante del país, como por ejemplo el rol de la fiscalía en el Caso Flores y la no investigación de posibles actos que constituyan lavado de dinero; en el tema de la investigación de los procesos administrativos de concesiones del espectro radioeléctrico; el caso del proceso judicial contra un reconocido empresario y el uso de bienes privados del procesado para uso de su persona, lo cual se presta a malas interpretaciones de parte de la ciudadanía. Aunado a ello también le solicitamos que de formal seguimiento a los más de 150 posibles casos de corrupción que el Gobierno de El Salvador hizo de su conocimiento en el quinquenio anterior,  y que se judicialicen aquellos casos en los cuales existe algún tipo de ilegalidad en contra del Estado, en contra de la hacienda pública y en contra del pueblo salvadoreño en general.

Una sociedad no puede denominarse completamente democrática si su democracia no se encamina al cumplimiento de los derechos humanos y la satisfacción de las necesidades básicas que de ellos emanan para la dignificación de la vida humana.

San Salvador, 10 de diciembre de 2014