El pasado 15 de febrero, la Asamblea Legislativa aprobó con 56 votos la reforma al Decreto Legislativo N° 532 que permitirá al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) iniciar proceso de escrituración a favor de un aproximado de 200 familias en condición de pobreza y vulnerabilidad de la Finca La Bretaña, del municipio de San Martín, en el departamento de San Salvador.
A través del acompañamiento jurídico-político brindado desde FESPAD, en el año 2012 se instaló una Mesa de Interlocución con las autoridades del FONAVIPO y el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, con la participación activa de líderes y liderezas de la Comunidad Monseñor Romero, Nuevo Edén y El Milagro de la Finca La Bretaña, e integrantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador -MOVITIERRA- de la Zona Central.
En la Mesa de Interlocución se trabajó la propuesta de reforma al referido Decreto Legislativo de fecha 15 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial N° 239, Tomo N° 389. A través del cual se autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, donar al FONAVIPO tres inmuebles de naturaleza rústica situados en Cantón Las Delicias y Finca La Bretaña, jurisdicción de San Martín, departamento de San Salvador.
El inmueble denominado Finca La Bretaña originalmente se utilizaría para desarrollar el proyecto “Casa para Todos”; en su defecto, y con objetivo de beneficiar aproximadamente a 200 familias que los poseen de manera irregular, y quienes han construido viviendas temporales y permanentes se solicitó al FONAVIPO iniciar un proceso de reforma para beneficiar a estas familias constituidas por una cantidad considerable de niños, niñas, mujeres y adultos mayores.
En la reforma aprobada se establece que dicho inmueble será vendido al contado o se otorgará financiamiento a las familias de más bajos ingresos que habitan el inmueble; quienes podrán ser beneficiados con el Programa de Contribuciones para Vivienda del FONAVIPO, siempre y cuando cumplan con los requisitos de dicha normativa.
A la fecha nos encontramos a la espera de su ratificación en Casa Presidencial; convencidos que este paso contribuirá a que estas familias en exclusión social puedan satisfacer las necesidades de salud, educación, trabajo, vivienda digna, alimentación adecuada y principalmente garantizar su derecho a la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.
