Jamás, desde la creación del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), después de la firma de los Acuerdos de Paz, se habían hecho señalamientos y críticas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como lo está haciendo el actual Consejo. Basta recordar que, a mediados del año pasado, estuvo en el tapete una propuesta de reformas del CNJ, en la que este organismo reclamaba algunos atributos que constitucionalmente le son propios, pero que por tradición han correspondido a la CSJ.
Lamentablemente, las cosas siguieron como venían siendo. Ahora, el problema de los títulos de algunos jueces los ha puesto en contradicción nuevamente. A los resultados que arroja la evaluación de jueces hecha por el CNJ no se le ha querido dar la importancia que debe tener. ¿Es que no nos damos cuenta que el CNJ está tratando de sanear un órgano que es de vital importancia para el presente y futuro de El Salvador? No se trata de dar la razón a la CSJ o al CNJ. Hay que remitirse a hechos y resultados del trabajo que han venido haciendo algunos jueces: libertad para secuestradores, narcotraficantes, asesinos al volante, etc.
Cabe preguntarse por qué la Asociación Nacional de la Empresa privada (ANEP) no se pronuncia ante esta situación, si es ella quien tanto aboga por las reformas de los códigos Penal y Procesal Penal. ¿No quieren darse cuenta que no son las leyes escritas en el papel las que cobran vida por sí mismas, sino que son los administradores de justicia quienes se la dan o no? La depuración de jueces sí sería un cambio radical y con buenos resultados. Históricamente, en El Salvador la CSJ ha sido como el equivalente al griego Oráculo de Delfos, en su omnisapiencia y omnipotencia. Su práctica ha sido siempre acallar a aquel o aquellos que se han atrevido a hacer alguna observación a su actuar, amparándose siempre en la independencia que como órgano del Estado posee la Corte. El apoyo recíproco e incondicional que se da entre la CSJ y los jueces obedece a que un feudo vive del otro y viceversa: por un lado los jueces son los que eligen a los magistrados de la CSJ; por el otro los magistrados de la CSJ se vuelven permisivos ante hechos como los que nos ocupan.
Los anteriores presidentes y concejales del CNJ han visto al mismo, jerárquicamente, por debajo de la Corte, soslayando la independencia entre ellos, y lo han utilizado como trampolín para aspirar a cargos en la CSJ. Esa sumisión del Consejo ante la Corte les ha restado el protagonismo que todo funcionario público debería tener.
En El Diario de Hoy se publicó el nueve de febrero que el jefe de Informática y Estadística de la CSJ, Héctor Hernán Turcios, afirmaba que “en el CNJ existe entre sus miembros una lucha por figurar”. Al señor Turcios se le olvida que los ciudadanos latos esperamos precisamente eso de todos los funcionarios públicos: que sean protagonistas y figuras en su encomienda de administrar la cosa pública. Ahora, yo me pregunto ¿a qué se deben las declaraciones del señor Turcios? ¿Tendrá competencia siendo él un empleado administrativo?, ¿quiere notoriedad?
La estrategia de “divide y vencerás” que está utilizando la Corte, no persigue más que crear una cortina de humo y desviar la atención de lo grave que es el problema. No es que “Chico” Díaz busque notoriedad. Él, desde hace varios años y desde su anterior trinchera (FESPAD), ha venido haciendo esos señalamientos. Y él perfectamente sabe que, como precursor de estas medidas, se gana la antipatía de los jueces que son quienes, como ya se dijo, eligen a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cargo al que, supongo, todo abogado aspira. Esto me hace pensar: uno, que Chico se está minando él mismo el posible camino hacia la Corte; dos, que no está pensando en usar el Consejo Nacional de la Judicatura como trampolín; y tres, que uno de sus más anhelados sueños es que en El Salvador se dé a cada uno lo que le corresponde: la justicia pronta y cumplida.
Artículo publicado en el Diario de Hoy, por Saúl Antonio Baños Aguilar.
