La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), en relación a los desalojos de comerciantes que se ubican en los alrededores del mercado central de Santa Tecla y los parques San Martín y Daniel Hernández del mismo municipio, ordenados por la Comuna presidida por el señor Roberto D’Aubuisson, MANIFIESTA:
1. Su total rechazo al procedimiento seguido por la Comuna de Santa Tecla para llevar a cabo los desalojos de los comerciantes de la vía pública, en tanto que, consideramos, el mismo ha implicado una limitación arbitraria del derecho al trabajo y a la propiedad, reconocidos en los artículos 2 de la Constitución, en perjuicio de las personas que se dedican al comercio en pequeño en la vía pública para poder subsistir; y de su derecho de audiencia, reconocido en el artículo 11 de la carta magna, según el cual nadie puede ser despojado de un derecho sin un procedimiento previo que le garantice la defensa.
2. Su enérgica condena a las agresiones de que han sido víctimas los hombres y mujeres comerciantes desalojados, incluyendo niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores, derivadas de las acciones del Cuerpo de Agentes Metropolitanos como de elementos de la Unidad del Mantenimiento del Orden -UMO- de la Policía Nacional Civil.
3. FESPAD ve con preocupación el desarrollo de los acontecimientos en Santa Tecla pues se vislumbra una profundización del conflicto en tanto que la Comuna no está buscando acciones que equilibren las necesidades e intereses de los distintos sectores sociales que convergen en ese municipio. No debe perderse de vista lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución que señala que el origen y el fin de la actividad del Estado es la persona humana, siendo obligación de todas las instituciones la búsqueda del bien común, el bienestar social y la justicia social.
4. Como institución que vela por la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento institucional en El Salvador, hacemos un llamado: A la Comuna de Santa Tecla presidida por el señor Roberto D’Aubuisson a:
a.- Que busque canales de diálogo efectivo con los comerciantes para encontrar soluciones que garanticen su subsistencia y la de su grupo familiar
b.- Que desista de medidas violentas y represivas para impulsar las decisiones que se tomen en el ejercicio de sus funciones.
5. A las autoridades de la Policía Nacional Civil a que revisen la actuación de sus agentes en el marco de los desalojos en tanto que los mismos han puesto, a nuestro juicio, en riesgo la integridad personal de los ciudadanos de una manera desproporcionada.
6. A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a que investigue el proceder de la Alcaldía Municipal para llevar a cabo los desalojos y el de la Policía Nacional Civil en contra de los comerciantes desalojados;
7. A la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia respectiva, a indagar la vulneración o amenazas de los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados por la actuación de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla y de la Policía Nacional Civil.
San Salvador, 25 de noviembre de 2015
