Los días 23 y 25 de Junio de éste año, la Fundación de Estudio para Aplicación del Derecho, participó como invitada en el taller denominado: “Análisis y propuestas de la sociedad civil al anteproyecto de Ley de Probidad”, promovido por el Proyecto Fortalecimiento del Sector de Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); el anteproyecto de ley analizado fue elaborado en su redacción por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) El referido taller contó con la participación del Profesor Iván Meini, quien aportó importantes elementos para el análisis de este cuerpo jurídico propuesto en el debate legislativo.
Es dable destacar que actualmente existen dos proyectos de ley de probidad, uno ha sido elaborado por la Asamblea Legislativa y el otro por la Sección de Probidad de la CSJ; tales proyectos tienen por finalidad derogar la actual “Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos”, en virtud de que la misma es inoperante, pues no le otorga facultades de investigación a la sección de probidad, además no promueve la participación ciudadana, sino que la coarta, debido a que cualquier denuncia en contra de un/a funcionario/a tiene que ser por escrito y llevar la firma de abogado (firma de abogado director) Este requisito inhibe objetivamente posibilidad de presentar denuncias, en vista de que cualquier indicio difamatorio alegado por el denunciado/a, puede dar lugar a responsabilidades penales, tanto para quien denuncia como para el abogado o abogada que dé su firma.
Por ese motivo, instituciones como FESPAD se encuentran vigilantes de la correcta redacción de la referida Ley a efecto de evitar que la misma sea utilizada de manera fraudulenta por aquellos servidores y servidoras públicas que han acostumbrado hacer prácticas ilícitas en el ejercicio de sus funciones; por ello se ha considerado que es importante formular aportes sobre lo que debe contener una ley que pretende prevenir y sancionar aquella conducta negligente y deshonrada mostrada por los servidores públicos y las servidoras públicas, en el manejo de bienes y fondos del gobierno central y local.
