En el marco del Día Nacional del Niño y la Niña, la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador reconoce los avances promovidos por el Estado Salvadoreño, la Sociedad Civil organizada y la población en general que buscan la garantía de los Derechos de las niñas y niños. Lamentablemente el progreso en algunos temas está siendo lento.
Los Derechos de Participación de las niñas, niños y adolescentes que define la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), son mecanismos institucionales de consulta, solicitud de peticiones y expresión de pensamiento de las niñas y niños, para el diseño de políticas, programas o proyectos de las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales no son eficientes, pues no se cuenta, por ejemplo con procedimientos para que puedan presentar y dirigir peticiones ante cualquier autoridad y darles trámite administrativo; así mismo aún son incipientes los mecanismos que hagan efectivo el derecho de acceso a la información.
Entre los antecedentes más significativos en la promoción de los derechos de participación se encuentran la iniciativa del CONNA en la que se realizaron consultas a las niñas y niños, para la construcción de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, durante el 2013 y la creación del Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia, en septiembre del 2014. Sin embargo, en la actualidad no se tiene información consolidada sobre la cantidad de niños y niñas que participan de manera activa en la toma de decisiones para el diseño de políticas, programas o proyectos de las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
La mayoría de esfuerzos encaminados a generar espacios de participación se concentran en proyectos que desarrollan las organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas, afiliadas a redes y alianzas.
Es importante no concentrar los derechos de participación únicamente frente al Estado. Es un desafío desarrollar y fomentar la cultura de participación en el seno familiar, pues en algunos casos las personas adultas consideran que las niñas y los niños son incapaces de tomar decisiones, pues no cuentan con el grado de madurez necesario, lo que genera dificultades en la comunicación y en la forma de relacionarse con las personas adultas, y por supuesto, algunos abusos y arbitrariedades por parte de sus madres, padres y/o responsables.
Es importante señalar que uno de los retos que enfrenta el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección es lo referido a una mayor asignación de recursos, de manera que se promueva la protección integral de la niñez y la adolescencia y la ampliación en la cobertura de servicios sociales básicos.
El avance en la instalación de los Sistemas Locales de Protección Integral, según el CONNA reporta a Mayo de 2015 el 7.63% (20/262 municipios), ha seguido un ritmo menor al que la necesidad lo demanda, hasta mayo del 2015 únicamente se reportan 20 Sistemas establecidos, de igual manera los resultados en el desarrollo de políticas y planes locales en materia de derechos de niñez y adolescencia que velen por la garantía de derechos colectivos y difusos de los niños, niñas y adolescentes de su localidad, de tal forma que cuenten con asignación de presupuesto para su ejecución. Y sean homologados bajo la rectoría de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia de El Salvador, 2013-2023.
La propuesta de presupuesto 2016, presentado por el Ministerio de Hacienda a la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, asciende a un monto de $4,860.8 millones y se eleva en $37.8 millones en relación al actual. Se prevé un incremento del presupuesto en instituciones como: Órgano Judicial, $279.9; Procuraduría General de la República, $25.3; Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, $9.5; Educación, $940.8; Salud $627.2 y Seguridad Pública, $442.3, por mencionar algunas partidas presupuestarias en millones de dólares.
Ante este panorama, la Alianza hace el siguiente llamado para redoblar esfuerzos en la promoción de los derechos de participación con la asignación presupuestaria, a través de:
- La promoción y la creación de mecanismos y espacios de participación a nivel nacional y local, por parte de instituciones gubernamentales.
- La ampliación de la cobertura de participación en el diseño de políticas, programas y proyectos dirigidos a las niñas y niños, por parte de las instituciones gubernamentales.
- Fortalecer mecanismos de regulación frente a la divulgación de información inadecuada o nociva, aplicada a los medios y servicios de comunicación, públicos y privados, así como empresas de publicidad, con el fin de prevenir la violencia, el miedo y terror en la población de niñez y adolescencia.
- Desarrollar y fomentar la cultura de participación de las niñas y niños, en el seno de la familia y a nivel comunitario.
- Asegurar desde la Ley General del Presupuesto ejercicio 2016, la asignación de recursos para la protección integral de la niñez y la adolescencia, cumpliendo con el principio de interés superior de la niña, niño y adolescentes en la inversión pública.
- A las instituciones gubernamentales que fortalezcan las capacidades de la administración pública en materia de niñez y adolescencia, de tal forma de garantizar los mecanismos de articulación interinstitucional para el avance del Sistema de Protección Integral a nivel local y nacional de los derechos de la niñez y la adolescencia.
- La Alianza por los Derechos de la niñez, adolescencia y juventud de El Salvador reitera el compromiso de trabajar por los Derechos de las Niñas y los Niños y promover el avance del Sistema de Protección Integral a nivel local y nacional.
San Salvador, 21 de octubre de 2015
