Tras la falta de voluntad de los tres órganos del Estado para la revisión y aprobación del ante proyecto de Ley de Radiodifusión Comunitaria y presentación de Ley de Medios Públicos, los únicos beneficiados son los grandes monopolios, así lo establecen un grupo de organizaciones sociales que buscan la democratización de la comunicación.
Jessica Guzmán/Periódico digital VOCES.
La aprobación de una ley que establezca el derecho a la comunicación y democratice el espectro radioeléctrico, al parecer, no es un tema que les interese al primer Órgano Legislativo, ya que los diputados ni siquiera han iniciado la revisión y discusión de la propuesta de ley de radiodifusión comunitaria, el cual fue presentado por un grupo de radios comunitarias pertenecientes a la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) y otras organizaciones sociales.
Tampoco al Ejecutivo, ya que no se ha pronunciado ante la propuesta hecha por varias organizaciones, el 19 de febrero pasado, sobre la ley de medios públicos y que instale una comisión nacional para la digitalización del espectro radioeléctrico.
Pero tampoco la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha hecho su parte, es decir que la Sala de lo Constitucional aún no declara inconstitucionales los artículos de la Ley de Telecomunicaciones que establecen la subasta pública como único mecanismo para asignar las frecuencias radioeléctricas.
El problema
Omar Serrano, vicerrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) dijo que el desinterés de diputados, magistrados y hasta del Presidente de la República en democratizar la comunicación solo sigue beneficiando a los grandes monopolios.
“Lo que nos convoca aquí es el derecho humano a la comunicación… ¿qué pasa? Preguntémosle a los magistrados, diputados y al presidente. Ustedes saben quiénes son los beneficiados con las subastas”, agregó Serrano.
Por su parte Juan Carlos Sánchez, director ejecutivo del Programa de Transparencia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, (FESPAD), dijo que la actitud de displicencia por los tres órganos del Estado es contraria a los intereses de la gran mayoría.
“Vamos a entrar a campaña electoral y queremos que este tema forme parte del debate público. Todas las voces tienen derecho a expresarse y solo lo pueden hacer quienes tienen dinero para hacerlo”, aseguró Sánchez.
Eva Linares, de ARPAS, enfatizó que ninguna radio comercial tiene en su lógica aportar y contribuir a la educación de la población, solo las mueven los fines económicos.
Ante este panorama las más de 50 entre organizaciones, medios de comunicación e instituciones, esperan que Ejecutivo, Legislativo y Judicial se pongan a trabajar en beneficio de la democratización de la comunicación, en busca de que la sociedad salvadoreña tenga espacios para expresarse, para educarse, para informarse, con programación que no sea teñida de colores políticos y económicos.
