Este día, las organizaciones sociales que el viernes 25 de julio del corriente, solicitamos ser parte querellante en el proceso judicial que se sigue contra el Expresidente de la República, Francisco Guillermo Flores Pérez, recibimos notificación oficial del Juzgado Primero de Instrucción en la que se acepta nuestra pretensión de ser parte en dicho juicio.
En el escrito se indica que “… habiéndose reunido los requisitos en los Arts. 107, 108, 109, 110 y 111 del Código Procesal Penal, TIÉNESE POR PARTE en calidad de QUERELLANTES a los Licenciados BERTHA MARÍA DE LEÓN, MARÍA TERESA NAVES MEDRANO Y RENÉ LANDAVERDE HERNÁNDEZ.-”
Frente a ésta notificación, las organizaciones sociales EXPRESAMOS:
1. Nuestra satisfacción por la decisión del Juez Primero de Instrucción de aceptar nuestra pretensión de ser parte en este emblemático e importante caso de corrupción, inédito por la calidad de los sujetos que intervienen y por la cuantía de los montos cuestionados; por primera vez en la historia de El Salvador, se presenta una acusación formal en contra de una persona que ha ostentado una de las investiduras más altas de la administración pública, lo cual – de llegar al fondo de este proceso judicial – sentará un precedente histórico de enormes repercusiones para el futuro democrático del país.
2. Reiteramos nuestra más firme convicción, de ejercer toda la presión jurídica y política de la que dispongamos para que la sociedad salvadoreña conozca la verdad y, de ser posible, sea reparada en el daño que ha sufrido con estas acciones ilícitas
3. Mantendremos el mayor celo posible para garantizar que se cumplan rigurosamente todas las disposiciones normativas en este proceso judicial y aportaremos los insumos que estén a nuestra disposición para que se conozca la verdad y, de ser encontrado culpable el imputado Francisco Flores, sea aplicada la pena que corresponde al daño económico y social que presumiblemente ha provocado en contra de la hacienda pública y de los intereses de la colectividad
Hacemos un llamado a:
1. Las instituciones responsables de la administración de justicia, especialmente a la Fiscalía General de República (FGR) y al Órgano Judicial, a que observen fielmente su mandatos constitucionales y legales.
2. A la PDDH a que se mantenga vigilante de la actuación de las instituciones estatales y a ser testigo y estricto garante del debido proceso legal que debe prevalecer en todo proceso judicial y, particularmente, en éste en el que está en juego, la posibilidad de comenzar a desmontar prácticas institucionalizadas de corrupción estatales
3. A la sociedad salvadoreña a que mantenga una actitud vigilante y que se movilice en defensa de sus genuinos intereses.
San Salvador, 31 de julio de 2014
