Guatemala, como la mayoría de Estados en Centro América, ha tenido instituciones de justicia débiles, pero lo que es más grave, sometidos a los poderes fácticos, económicos y militares, pero también al poder político. Esto ha sido así, en garantía al estado de cosas, en garantía de la impunidad y de la corrupción.
La consecuencia: que la independencia del Sistema de Justicia, del Ministerio Público y del Órgano Judicial, siempre ha sido una aspiración lejana; pero se ha mantenido como el objetivo de las luchas en la región, buscando construcción de democracia y fortalecimiento de los endebles Estados de Derecho.
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