Carta Presentada este 09 de enero de 2020 a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, solicitando audiencia en el marco de la discusión de la Ley de Reconciliación Nacional.
San Salvador, 9 de enero de 2020.
Srs. y Sras. Diputadas y Diputados Comisión Política
Asamblea Legislativa.
Presente.
Reciban un cordial y atento saludo de parte de los colectivos de Derechos Humanos: Mesa contra la Impunidad en El Salvador, Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones y Comisión de Trabajo Pro – Memoria Histórica de El Salvador.
A raíz del pronto vencimiento del plazo de prórroga otorgado a la Asamblea Legislativa por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el cual vence el 28 de febrero del presente año y el cumplimiento de lo mandatado por la Sentencia de Inconstitucionalidad 44-2013/145-2013, aunado a los compromisos adquiridos por este Órgano de Estado ante la visita de campo realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, EXPRESAMOS:
- Han pasado 88 días desde la primera solicitud de audiencia realizada el día 14 de octubre del año 2019 y la reiteración de esta, realizada el 19 de diciembre del mismo año, y hasta este momento no existe respuesta a estas peticiones. (vulnerando el derecho constitucional de respuesta art. 18)
- La solicitud de audiencia tiene como objetivo principal desarrollar personalmente ante la Comisión Política los fundamentos y argumentos en que se basa el proyecto de Ley presentado por las víctimas y recibir opiniones acerca del documento.
- Existe un compromiso de parte del Presidente de la Asamblea Legislativa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de cumplir con lo mandatado por la Sentencia de Inconstitucionalidad, teniendo el deber de crear espacios para escuchar a las víctimas, y legislar con base a los parámetros nacionales e internacionales sobre verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición con penas proporcionales a los delitos cometidos, evitando incluir eximentes de responsabilidad penal como la prescripción de los delitos y figuras como la amnistía.
- Reiteremos nuevamente, que hasta este momento no ha existido una metodología para realizar el proceso de consultas con las víctimas, como lo mandata la Sala de lo Constitucional y con el compromiso adquirido con la CIDH. Anteriormente se realizaron cinco desplazamientos territoriales, en los cuales no se expuso los contenidos de las propuestas, las convocatorias no se dieron con suficiente antelación, ni estuvieron dirigidas a Asociaciones de víctimas, por lo cual la participación de éstas fue exigua. Por el contrario, se priorizó la participación de gremiales de exmilitares y veteranos de guerra, pese a que la ley en formación no regulará lo relativo a ese sector que ya cuenta con una normativa especial.
- Es indispensable que se concrete el apoyo solicitado por la Presidencia de la Asamblea Legislativa a la CIDH, donde se comprometió a desarrollar una propuesta de Ley con el acompañamiento de la Comisión Interamericana, la Organización de las Naciones Unidas y expertos de reconocida trayectoria en derechos humanos haciendo énfasis en la deuda que tiene el Estado de El Salvador en materia de Memoria, Verdad y Justicia.
Consideramos que es el momento oportuno para que este órgano de Estado brinde un efectivo cumplimiento a lo mandatado por la Sala de lo Constitucional y a los compromisos adquiridos con la CIDH.
Por todo lo expuesto, a Ustedes, respetuosamente expresamos y pedimos:
a) De conformidad al artículo 18 de la Constitución de la República, que se admita el presente escrito, se agregue al expediente correspondiente y se nos responda oportunamente y por escrito.
b) Se proporcione los diferentes documentos, análisis y enfoques que están en discusión y tengamos la oportunidad de expresar nuestra opinión y postura, reiterando que si se mantiene lo remitido a la Sala de lo Constitucional por este Órgano de Estado se están vulnerando principios fundamentales de derechos humanos.
c) Se agregue al expediente las observaciones preliminares de la visita de campo realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que adjuntamos a esta correspondencia, haciendo énfasis en lo que respecta a memoria, verdad y justicia.
d) Se cumpla con el compromiso adquirido por este Órgano de Estado ante la CIDH de aprobar una Ley de Reconciliación Nacional y Asistencia a Víctimas acorde a los estándares interamericanos sobre justicia transicional, en particular con respecto a la responsabilidad de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos y a garantizar la participación de las víctimas mediante la creación de espacios y metodologías para escuchar las víctimas.
e) SOLICITAMOS NUEVAMENTE se nos conceda por parte de esta Comisión Política, audiencia para exponer los argumentos que sustentan nuestra solicitud y reiteraciones aquí expresadas.
f) REITERAMOS NUEVAMENTE que el documento denominado “Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional”, presentada por algunos partidos políticos contiene disposiciones que violentan la Constitución de la República e incumplen obligaciones de este Órgano de Estado, establecidas en la sentencia de inconstitucionalidad 44-2013/145-2013, tal como se ha expuesto ampliamente en los diferentes documentos técnicos que les hemos presentado, además tales propuestas no tienen iniciativa de ley y son versiones que no han sido consultadas ni discutidas con las víctimas y sus representantes, como mandata el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa y la respectiva sentencia.
g) REITERAMOS nuestra petición de que sea tramitado debidamente el proyecto de ley que presentaron las víctimas, que tiene iniciativa del diputado Juan José Martel y fue actualizado en octubre pasado, denominado “Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para víctimas de graves violaciones de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado”.
h) Solicitamos que se cumpla el compromiso adquirido por la Presidencia de la Asamblea Legislativa a la CIDH, permitiendo el acompañamiento de la Comisión Interamericana, la Organización de las Naciones Unidas y expertos de reconocida trayectoria en derechos humanos en el estudio de la propuesta de Ley.
Suscribimos las y los abajo firmantes en representación de las diversas organizaciones que integramos la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro – Memoria Histórica de El Salvador.
