Responsabilizan a gobierno por posibles pérdidas arancelarias

December 13, 2008 – 3:01 am

logo-mesa-para-web.bmp

foto-conferencia-spg.bmp

En horas de la mañana del viernes 12 de diciembre de 2008, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral dio a conocer, en conferencia de prensa, su posición frente a los efectos que tendría una investigación que la Comisión Europea impulsa por violaciones a la libertad sindical en El Salvador.

Informaron  que  desde  el  27 de mayo de 2008 la Comisión Europea inició una indagación que deberá determinar si  la legislación de El Salvador recoge o no el Convenio No. 87 de la OIT sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación y si dicha legislación tiene aplicación práctica. Indicaron que un fallo negativo provocaría que empresas locales pierdan el derecho de exportar hacia Europa sin el pago de impuestos.

Respecto de tal situación, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral denunció:

1.  Su enorme preocupación por la posible suspensión del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) debido al impacto que eso tendría en las empresas que actualmente exportan hacia la Unión Europea y, consecuentemente, por los efectos en la pérdida de empleos que tal situación generaría.

Datos del Ministerio de Economía demuestran que para el año 2006, el 36% de las exportaciones hacia la Unión Europea estaban exentas del pago de aranceles bajo el SPG, y que, en ese mismo año, El Salvador le vendió a la Unión Europea un total de 80 millones de dólares[1], calculando, en aquél momento, que de no haberse prorrogado el SPG 2006-2008 se habrían perdido 36 millones de dólares, además de 2000 empleos.

Actualmente se estima que el volumen de exportaciones y empleos creció entre 2006 y 2008, al respecto, sólo la empresa Calvo reportó una planta de 1,700 trabajadores, la cual esperan aumentar a 1,800 en 2009;  y dieron a conocer  el aumento de sus exportaciones en 332%, de tal forma que, de $ 25 millones de dólares en ventas cuando iniciaron operaciones en El Salvador, aumentaron a cantidades que oscilarán, para finales de 2008, entre los $ 105 y los $ 108 millones de dólares (LPG, 25 y 26 de noviembre de 2008).

2. Responsabilizaron al Estado salvadoreño y a su gobierno por la posible pérdida de preferencias arancelarias otorgadas por la Unión Europea, circunstancia generada en virtud de las violaciones a la libertad sindical actualmente existentes y a la falta de aplicación efectiva del Convenio No. 87 de la OIT.

Sobre este aspecto, ahondaron en los efectos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el art. 2 del Convenio 87, la cual además de incertidumbre, de inseguridad jurídica, está poniendo en riesgo la preferencias del SPG y provocó la no inscripción de varios sindicatos[2] que solicitaron el reconocimiento de su personalidad jurídica el 7 de septiembre de 2007. De igual manera expresaron que las reformas aprobadas al art. 47 de la Constitución de la República y a la Ley del Servicio Civil en 2006 y que están pendientes de ratificación vulnerarán el Convenio de la OIT ya que discriminan a importantes sectores de la administración pública en el ejercicio del derecho de sindicación e impedirán la aplicación efectiva del Convenio de la OIT sobre libertad sindical.
Expresaron a su vez la persistencia de despidos de dirigentes sindicales, la discriminación por razones de afiliación sindical entre diversos tipos de violaciones a los derechos laborales que siguen ocurriendo en el país.
Por otro lado, hicieron ver que El Salvador, desde hace ya varios años, ha venido desconociendo las recomendaciones que en materia de libertad sindical le ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, al respecto, desde el año 2001, en el caso No. 2190 de la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Educación y Cultura (ATRAMEC) le ha solicitado que adecue la legislación interna para permitir la sindicación en el sector público.
3. Finalmente, denunciaron, en términos generales, el irrespeto constante a las libertades sindicales pero se refirieron de modo particular a las dilaciones que el  gobierno salvadoreño viene realizando para responder  a las solicitudes de la OIT de brindar  información con relación a 2 quejas que han sido presentadas a la OIT por violación al Convenio 87.
Al respecto, la OIT, en junio de 2008, en el 350° Informe del Comité de Libertad Sindical, le pidió al Estado salvadoreño responder a la queja 2629 referida a la no inscripción de SINEJUS como sindicato.
De igual manera, la OIT, en noviembre de 2008,  en el 351° Informe del Comité de Libertad Sindical da cuenta que el Estado salvadoreño sólo respondió parcialmente los requerimiento de información, por lo que la OIT le exhortó completar a la mayor brevedad posible sus observaciones para que el Comité de Libertad Sindical pudiera resolver la queja presentada.
La conferencia de prensa se dio en el contexto del anuncio que la Comisión Europea hizo, en la presente semana, de los países que serán beneficiados con el “régimen especial de estímulo al desarrollo sostenible y la gobernanza” [3], mejor conocido como SPG Plus, entre los cuales se encuentra El Salvador, sin embargo, la continuidad de este apoyo se podrá ver afectado por los resultados de la investigación antes mencionada.
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral informó que el 1 de diciembre de este año solicitaron a la Comisión Europea información sobre la fecha en que concluirá la investigación, sobre la fecha en la que se emitirá la resolución respectiva y sobre la solicitud hecha en el sentido de poder ser informados de las conclusiones de la investigación previo a la emisión de la resolución correspondiente.

San Salvador, 12 de diciembre de 2008.


[1] Algunos de los principales productos exportados por El Salvador en el marco del SPG son: atún congelado, langostino entero congelado, caña de izote, artículos de camping de algodón, estatuillas y artículos de madera, café grano tostado sin descafeinar, zapatos, entre otros.

[2] Entre los sindicatos a los cuales se les denegó su personalidad jurídica se encuentran: el Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS); el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ); el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (SINTMSPASS); el Sindicato de Trabajadores del Sector de Seguridad Privada de El Salvador (SITRASSPES); el Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones (SITCOM); además de otro sindicato constituido en el mismo Ministerio de Trabajo.

[3] La lista de países que se beneficiarán con el SGP+  para el período 2009-2011 incluye a: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Georgia, Guatemala, Honduras, Mongolia, Nicaragua, Perú, Sri Lanka, Venezuela, Armenia, Azerbaiyán y Paraguay, 16 países en total.

XX Aniversario de FESPAD - FESTIVAL DE ARTE POPULAR

December 9, 2008 – 4:28 am

manta-festival.bmpceremonia-1.bmpdeclaraciones_fespad.bmpmesa-laboral.bmplas-dignas.bmp

El 30 de noviembre de 1988 nació la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), sus creadores, inmersos en un contexto de conflicto bélico y de graves irrespetos a la institucionalidad y dignidad humana,  trazaron como objetivo para la institución propiciar el más amplio y correcto conocimiento y aplicación del derecho. Veinte años después este desafío continúa vigente, son innumerables aún los obstáculos para alcanzar una convivencia social, armónica, justa y democrática, basada en el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, como reza nuestra misión institucional.

Veinte años de enormes satisfacciones por el trabajo realizado pero a la vez de grandes preocupaciones porque, como diría el escritor salvadoreño Francisco Andrés Escobar, en uno de sus poemas, “este país tiene grietas que por dentro lo desgarran”.

Durante estos años hemos buscado hacer llegar nuestro mensaje crítico y propositivo a diversos sectores de la sociedad,  hemos pretendido contribuir  al conocimiento de los derechos humanos con la plena convicción que sólo una sociedad consciente de los mismos podrá hacer llegar los cambios que siguen siendo urgentes e indispensables, pero además hemos motivado y acompañado la participación social activa para la defensa y exigencia de los mismos.

Es así como en este año, 2008, quisimos cerrar nuestra celebración de aniversario estando al lado de quienes son nuestro horizonte: nuestro pueblo. Sí, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, habitantes todos y todas de este espacio llamado El Salvador el cual anhelamos sea un espacio de justicia, igualdad y dignidad.

Fue así como la mañana del domingo 7 de diciembre de 2008 nos fuimos a la Plaza Morazán, en el corazón de la capital, San Salvador, para compartir a través de un Festival de Arte Popular nuestra esperanza en un futuro distinto.

La risa estuvo a flor de piel con la participación de Saltinbanki, un grupo de jóvenes que sueñan con recobrar la alegría de la gente inmersos en la cotidianidad; nos divertimos mucho con el espectáculo de Payasos Sin Frontera, una ONG española que ha viajado a los más recónditos lugares, principalmente aquellos asediados por las catástrofes humanas y naturales, para dar un poco de aliento a las víctimas. De igual manera tuvimos la intervención musical del grupo Jilguero y teatro con “Chicho”, cuyas participaciones, con mensajes, de crítica y protesta social, nos hicieron reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad. Durante el Festival se desarrollaron dos talleres de pintura para niños, niñas, jóvenes y adultos los cuales estuvieron a cargo de Caracol Azul y del Taller de Artes Plásticas de ASTAC y al cierre de los mismos se reventaron piñatas que alegraron a las y los asistentes.

Nuestros más sinceros agradecimientos a las y los artistas que compartieron su arte, también a la Asociación Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas) y a los sindicatos aglutinados en la Mesa Permanente por la Justicia Laboral por habernos acompañado con exposiciones de su trabajo en la Plaza Morazán, de igual manera, nuestro agradecimiento a organizaciones hermanas que no pudieron estar presente pero que hicieron llegar sus congratulaciones por nuestro aniversario y que nos apoyaron para la realización de este Festival, de modo particular nuestros agradecimientos a CORDES y al Centro para la Defensa del Consumidor (CDC). Finalmente, nuestro reconocimiento y agradecimiento a las y los miembros de FESPAD, sin cuyo aporte no sería posible toda la labor que desarrollamos para contribuir a la construcción de una sociedad respetuosa de los derechos humanos.

“Cumplir y velar por que se cumpla la Constitución es un deber ciudadano”

 

San Salvador, 8 de diciembre de 2008

payasos_001.bmptaller_008.bmptaller_007.bmppintura_002.bmptaller_001.bmp

Jornadas de Formación “Migración y Niñez en El Salvador: una mirada a sus causas estructurales”

December 4, 2008 – 10:35 pm

dsc04063.JPG Durante los meses de noviembre y diciembre de 2008, FESPAD, con el apoyo de Ayuda en Acción, está llevando a cabo las Jornadas de Formación “Migración y Niñez en El Salvador: una mirada a sus causas estructurales”, en las cuales se analizan los determinantes de dicho fenómeno, con especial énfasis en la vulneración de los derechos de las y los niños salvadoreños.

Las jornadas se estructuran en cuatro ejes: en el primero se caracteriza el fenómeno migratorio, destacando las afectaciones en la niñez (número de emigrantes, municipios con mayor volumen de población emigrante, municipios que reflejan la mayor cantidad de niños y niñas emigrantes, y municipios receptores de remesas); en segundo lugar, se analizan los aspectos de la realidad salvadoreña que presionan a la población a emigrar (la distribución de los excedentes generados por la economía, el proceso de empobrecimiento de la población, la exclusión social y laboral, asi como la vulneración socio-ambiental generada por la implementación de los megaproyectos); en el tercer eje se analizan los derechos vulnerados a la población frente a esta realidad, y finalmente se aborda la respuesta estatal desde las Políticas Públicas y el Presupuesto General del Estado (PGE), visibilizando los montos destinados hacia desarrollo social, educación y salud, las prioridades en las asignaciones presupuestarias y la calidad del gasto público.

La programación de las jornadas es en las tres zonas en que distribuye el pais:

  • Zona Central

San Salvador (19 de noviembre) en Salón Dra. María Julia Hernandez, FESPAD San Salvador

Chalatenango (1 de diciembre) en Cáritas, Chalatenango

Sensuntepeque (10 de diciembre) en Cine Teatro de la Alcaldia Municipal

  • Zona Occidental

Santa Ana  (25 de noviembre) Facultad Multidisciplinaria de Occidente, UES
Sonsonate (6 de diciembre) Parroquia Nuestra Señora de la Asunción

  • Zona Oriental

San Miguel  (9 de diciembre) Facultad Multidisciplinaria de Oriente, UES.

Tribunal de Ética rechaza denuncia contra presidente Saca

December 2, 2008 – 1:45 am

El 12 de noviembre de 2008 el Tribunal de Ética Gubernamental emitió una resolución mediante la cual rechazó una denuncia en contra del presidente de la República, Elías Antonio Saca. Se trata de una denuncia interpuesta por FESPAD en mayo de 2008, en la que señalaba al presidente por violar el artículo 218 de la Constitución, que manda a que los funcionarios públicos no estén al servicio fracciones políticas.

El 5 de abril de 2008 el presidente de la República, Elías Antonio Saca, participó junto al candidato presidencial por el partido ARENA, Rodrigo Ávila, en un almuerzo convocado para recaudar fondos para la campaña. El almuerzo tuvo lugar en el rancho privado del empresario Enrique Alejo, en Los Ángeles, California.

Saca había viajado a ese lugar en misión oficial. Ante las preguntas de medios de comunicación si él estaba participando en actividades de recaudación de fondos, el mandatario negó tal aseveración. “Es absolutamente falso, tengo una gira oficial”, declaró Saca. Sin embargo, el mismo Alejo confirmo ante los medios la participación del presidente en la actividad.

El criterio del Tribunal de Ética Gubernamental es que en esa actividad el presidente Saca no estaba actuando en su calidad de mandatario del país, es decir que no estaba ejerciendo sus funciones.
Documentos:

Referencias:

Piden inconstitucionalidad concesión de geotérmicas

November 26, 2008 – 10:15 pm
entrega-de-recurso.bmp

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) representada por Abraham Ábrego y Jaime López en conjunto con el Director Ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), José Armando Flores y Luís Fernández,  demandan  ante la Sala de lo Constitucional de La Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad  de algunos artículos contenidos en la  Ley General de Electricidad y su Reglamento.

Entre 1996 y 1997 se otorgó la concesión de la energía geotérmica a través de una serie de decretos que permitieron la explotación  de ésta por empresas privadas; lo que según FESPAD y el CDC viola la naturaleza del  Régimen Especial de Servicio Público instaurado por la  Constitución. Además, la demanda  expone  que las concesiones  deben ser del conocimiento de la  Asamblea Legislativa para  ser aprobadas.

En el recurso presentado a la Corte Suprema de Justicia, se pide la declaratoria de inconstitucionalidad en su contenido de los artículos 5 y 12 de la Ley General de Electricidad, aprobada por Decreto Legislativo No. 843, del 10 de octubre de 1996 y publicada en el Diario Oficial No. 201. tomo 333 del 25 de octubre de 1996.   art. 5  “La generación de energía eléctrica a partir  de recursos  hidráulicos y geotérmicos, requerirán de concesión otorgada por la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones (SIGET) de conformidad con  las disposiciones  de la presente Ley, sin embargo, la concesión para plantas generadoras con capacidad nominal total, igual o menor de cinco megavatios se tramitará mediante un procedimiento abreviado, según la metodología que por acuerdo emita la SIGET”.

Por su parte  el art. 12  expresa claramente que “Las concesiones serán permanentes y transferibles”.  Por tanto,  según estas instituciones  el haber dejado abierta la posibilidad de que las explotaciones se hagan de forma permanente por empresas privadas atenta contra lo que establece la Constitución y  la naturaleza del servicio publico.

Lo expuesto anteriormente supone, según las asociaciones demandantes la imposibilidad del Estado de asegurar la continuidad, regularidad  y generalidad del servicio. Además consideran “imperativo que un recurso energético tan importante siga siendo patrimonio del Estado y que conserve su carácter publico”.

inconstitucionalidad-cel-enel.pdf

Comisión Pro-Memoria Histórica de El Salvador y Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social apoyan querella judicial contra implicados en Caso Jesuitas

November 25, 2008 – 10:53 pm
CASO PADRES JESUITAS Y SUS COLABORADORAS
DEMANDA DE VERDAD Y JUSTICIA ANTE
AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA
ponentes-2.bmp

La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador (Comisión Pro Memoria Histórica) y la Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social, ante la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional MANIFIESTAN:

  1. El pasado 13 de noviembre de 2008, la familia del Padre Martín Baró interpuso ante la Audiencia Nacional del Reino de España, una querella judicial por el asesinato de los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López Quintana, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno Pardo y de sus colaboradoras Julia Elba Ramos y Celina Mariceth Ramos, acaecido el 16 de noviembre de 1989. La acción cuenta con el apoyo legal de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Center for Justice & Accountability, de Estados Unidos.
  2. La querella fue presentada en invocación del principio de jurisdicción universal - aplicable en España-, de acuerdo a la prensa internacional, en contra de las siguientes personas: Alfredo Cristiani Burkard, ex Presidente de la República y ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; General Rafael Humberto Larios , ex Ministro de Defensa; General René Emilio Ponce ex Jefe del Estado Mayor Conjunto; General Juan Rafael Bustillo, ex Comandante de la Fuerza Aérea; General Juan Orlando Zepeda, ex Viceministro de Defensa; Inocente Orlando Montano ex Viceministro de Seguridad Pública; Francisco Elena Fuentes ex Comandante de la Brigada de Primera Infantería Mayor Carlos Camilo Hernández Barahona, ex Decano Auxiliar de la Academia Militar, así como en contra de los siguientes ex miembros de Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl (BIRI): José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zárpate, Castillo y José Alberto Sierra Ascencio.
  3. El principio de jurisdicción universal, aplicado en importantes precedentes por el Poder Judicial del Reino de España, reconoce la potestad de perseguir penalmente crímenes internacionales que han ofendido a la humanidad, sin condicionamiento a que dicho crimenhaya sido cometido en el territorio del Estado en que se ejerce la
  4. La acción impulsada ante la Audiencia Nacional es absolutamente legitima y necesaria, por cuanto el Estado salvadoreño ha actuado de mala fe en el caso, negando el acceso a la justicia a las víctimas a través de varias acciones deplorables, entre ellas las siguientes:
    • Aprobación de la Ley de Amnistía.
    • Realización de un juicio interno simulado que derivó en la indebida absolución de los autores materiales del crimen en 1991.
    • Incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la cual exhortó a la aplicación de la justicia e identificó a los autores materiales e intelectuales desde 1993.
    • Aplicación inconstitucional de la Ley de Amnistía a favor de los dos únicos oficiales condenados por el caso en el año de 1993.
    • Incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso concreto dictadas desde 1999, las cuales exigen investigación exhaustiva del crimen, juzgamiento de los responsables y anulación de la Ley de Amnistía General.
    • Aplicación indebida de la prescripción al caso concreto en 2001, cuando la Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana promovieron la acción penal contra los presuntos autores intelectuales.
    • Incumplimiento de las recomendaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dictadas desde 2002, las cuales reiteran las ya mencionadas recomendaciones de la Comisión de la Verdad y de la Comisión Interamericana.

6. De ser admitida la demanda de la familia Martín Baró y en caso de negarse eventualmente los procesados a comparecer en juicio, estos podrían ser sujetos de una orden de captura internacional.

Además, por tratarse de un crimen internacional y por existir un Tratado de Extradición Bilateral entre España y El Salvador, sería procedente la extradición de los procesados en el supuesto mencionado en el párrafo anterior.

imagenes-jesuitas3.bmp

Por todo lo anterior, la Comisión Pro Memoria Histórica y la Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social:

  1. Manifiestan su solidaridad irrestricta hacia la familia Martín Baró, por el valiente acto de dignidad personal, expresado a través de la presentación de la citada querella judicial ante la Audiencia Nacional de España.
  2. Consideran que la búsqueda de verdad y justicia respecto del impune asesinato de los padres jesuitas y sus colaboradoras se constituye en símbolo de dignidad para el pueblo salvadoreño, porque expresa que las víctimas no pueden considerarse despojadas de tales derechos por la mera aprobación de decretos infames o sentencias injustas que, por la vía de la amnistía o la prescripción, pretenden proteger ilegítimamente a los criminales de lesa humanidad en El Salvador.
    Además, los mártires jesuitas de la UCA fueron guías espirituales de nuestro pueblo, quienes clamaron precisamente por la defensa de la dignidad de las víctimas de crímenes atroces y lucharon por la consecución de la paz por la vía del diálogo y no de la violencia, llegando a entregar la propia vida en esa misión cristiana.
  3. Agradecen el acompañamiento legal de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y del Center for Justice & Accountability para impulsar esta histórica demanda que representa una esperanza para el pueblo de El Salvador.
  4. Por el contrario, deploran y rechazan las declaraciones del Presidente de El Salvador, quien manifestó su apoyo incondicional y hasta el último momento a favor de uno de los presuntos responsables; estas lamentables declaraciones deben considerarse una adhesión al crimen y su impunidad; un acto injustificable de desprecio contra las víctimas demandantes; y un claro desconocimiento hacia las obligaciones del Presidente de colaborar en el esclarecimiento de la masacre de la UCA.
  5. Se adhieren moralmente a la demanda de la familia Martín Baró y hacen suyo el clamor de justicia que, sin duda alguna, es un clamor que comparten los familiares de las miles de víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador, tanto del pasado como del presente.

San Salvador, 21 de noviembre de 2008.

November 24, 2008 – 8:03 pm
tarje-de-invitacion_foro-3.jpg

FESPAD preocupada por colocación de 500 millones de dólares en bancos privados

November 18, 2008 – 10:16 pm

500millonesconferencia.JPGEste día personeros de FESPAD ofrecieron una conferencia de prensa para externar preocupaciones sobre la colación que el Estado hará de 500 millones de dólares en bancos privados, como parte de las medidas para hacer frente a la crisis económica. El dinero será obtenido de un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo y se utilizará para comprar carteras de crédito de los bancos privados, a efecto de que estos obtengan dinero líquido. A continuación se encuentra el comunicado sobre el problema leído ante representantes de diferentes medios de comunicación.

~~~~~

Consideraciones sobre la inyección de 500 millones de dólares a la banca privada por medio del Banco Central de Reserva

Antecedentes

El Gobierno ha decidido poner 500 millones de dólares, provenientes de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, a disposición de los bancos privados. Además, el presidente de la República, Elías Antonio Saca, ha declarado que el Gobierno está buscando 1 mil 300 millones de dólares más ante el Fondo Monetario Internacional a fin contar con recursos para inyectar al sistema financiero nacional.

La operación de 500 millones de dólares que se ha propuesto consta de dos momentos. El primero consiste en la adquisición de un préstamo internacional de 500 millones de dólares por parte del Banco Central de Reserva. El segundo momento consistirá en el traslado de ese dinero a los bancos comerciales por medio de la compra de una parte de las carteras de crédito.

La tesis del Gobierno es que la inyección de dinero a la banca comercial atenuará las restricciones crediticias que los bancos comerciales ya han impuesto. Los fondos “servirán para créditos productivos y por supuesto a través del crédito se generen los empleos”, declaró el presidente Saca. Cabe mencionar que dichas restricciones no está claro si es por falta de liquidez o por la adopción de políticas de crédito de menor riesgo por parte de los bancos.

Diversos representantes del sector empresarial se han pronunciado complacidos por la medida gubernamental. Sin embargo no hay suficiente claridad sobre las garantías de la operación financiera. “Pensaríamos que el destino de este fondo sea para apoyar a todos los sectores que contribuyen al dinamismo de la economía y que sean exclusivamente para eso”, declaró al respecto Federico Colorado, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada.

También se ha conocido que las tasas de intereses a las que será colocado el dinero gestionado por el Estado no serán bajas. “No creemos que sean tasas bajas, porque el crédito se ha contratado a la LIBOR más 4%, y al consumidor le saldrá entre 10% y 12%, pero no hay peor crédito que el que no se tiene”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Daboub.

Preocupaciones

a) No está demostrado que el sistema financiero nacional tenga un problema de liquidez. Oficiales bancarios han declarado que las restricciones que actualmente están experimentando usuarios del sistema financiero para obtener créditos se deben a que las políticas de riesgos han sido revisadas bajo un criterio de mayor prudencia. Si esas políticas, las cuales pueden ser positivas, se mantienen más tiempo de poco servirá inyectar dinero a los bancos, porque quienes en este momento han perdido acceso al crédito, por su calificación de cliente, continuarán en la misma condición.

b) Al efectuar esta transacción por medio de la compra de carteras de crédito, el Estado no tendrá control sobre el destino final del dinero que colocará en los bancos. Serán estos los que, conforme sus políticas internas, decidirán a quiénes y bajo qué condiciones otorgarán estos fondos en forma de préstamos a sus clientes. Es decir que no hay garantía de que los fondos llegarán por ejemplo a empresas que, debido a las restricciones crediticias, tengan que hacer recortes de puestos de trabajo. En cambio los fondos pueden ser colocados en sectores especulativos que busquen sacar ventaja de la actual crisis económica.

c) Los bancos no asumirán responsabilidad directa por el dinero que van a recibir de parte del Estado. La garantía que el Estado obtendrá será la de cada uno de los créditos que conforman la cartera que los bancos privados le vendrán al Banco Central de Reserva. Esas garantías en el momento de la transacción pueden tener alta calificación, pero en pocos meses, a consecuencia de la misma crisis, pueden caer en mora o volverse impagables, siendo el Estado el que tendrá que cargar con esas perdidas.

d) El Gobierno no ha demostrado que la forma en que ha decidido llevar adelante la transacción con los 500 millones de dólares es la mejor alternativa, en relación a otros mecanismos con los que el Estado cuenta para inyectar dinero en la economía. El dinero, por ejemplo, podría ocuparlo para conceder nuevos créditos que tengan un impacto positivo y directo. Otra opción es que en lugar de recurrir a los bancos privados, se canalicen esos fondos a través de las instituciones financieras del Estado. Y también está la clásica alternativa, por estar en momentos que pueden ser de contracción económica, de aumentar la inversión pública.

e) En última instancia es el Estado el que garantizará el préstamo ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Por mínima que sea la suma que se pierda en esta transacción, serán los contribuyentes los que tendrán que cargar con el costo.

f) En este caso, el Presidente de la República ha optado porque el crédito sea contratado a través del Banco Central de Reserva, a efecto de obviar el requisito establecido en el art. 148 Cn., que establece que los empréstitos voluntarios contratados por el Organo Ejecutivo  deben ser autorizados por la Asamblea Legislativa. Debido a que el BCR es una Institución Autónoma no se considera dentro del Organo Ejecutivo. Nos preocupa, sin embargo, que bajo una excusa técnica se evada el interés constitucional de desarrollar un control interorganos en caso de deuda pública, y que amparados en la excesiva discreción que concede la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, la Asamblea Legislativa no sea la institución que autorice y ejerza control sobre esta multimillonaria operación.

Peticiones

En razón de los puntos expuestos, pedimos:

a) Al Gobierno, poner a disposición del público en general toda la información sobre la operación financiera en cuestión, que entre otros aspecto demuestre por qué se tomó esta alternativa frente a otras posibilidades;

b) Al Gobierno, reconocer que en última instancia son las y los contribuyentes quienes cargarán con el costo de esta medida si las cosas no salen como se han previsto;

c) Al Gobierno, revisar la decisión adoptada para garantizar que el dinero llegará a los sectores que realmente lo necesitan y no a especuladores, así como las acciones y responsabilidades que se adoptarán para minimizar el riesgo;

d) A la Asamblea Legislativa, pronunciarse sobre la contratación del crédito por 500 millones de dólares ante el Banco Interamericano de Desarrollo, emitiendo las recomendaciones o condiciones que las y los diputados estimen necesarias;

e) A los diferentes órganos del Estado, buscar y adoptar un acuerdo político sobre las medidas que son aceptables para hacer frente a las crisis económica, incluyendo condiciones para adquisición de deuda y para la inyección de fondos públicos a la economía; y

f) A las y los salvadoreños, estar vigilantes de las decisiones y actuaciones del Gobierno, cuidando que las medidas que se adopten para enfrentar la crisis económica efectivamente lleven alivio a los sectores necesitados y no, como por tradición ha ocurrido, a los grupos privilegiados de siempre.

San Salvador. 18 de noviembre de 2008

1ra Jornada Cultural Sindical

November 11, 2008 – 3:02 am

artebanner2.bmp
A ritmo de batucada, danza árabe, regaee, canciones latinoamericanas, teatro y trova se desarrolló el pasado viernes 7 de noviembre de 2008, de 3 a 7 de la noche,  la Primera Jornada Cultural Sindical convocada por la Mesa Permanente por la Justicia Laboral; el lugar, el Parque Daniel Hernández de Santa Tecla.

La ocasión buscó sensibilizar a las y los participantes en el conocimiento de sus derechos laborales y motivar la afiliación u organización en sindicatos para su defensa y desarrollo. La Jornada posibilitó también un espacio de encuentro entre sindicatos y organizaciones sociales que apoyan en materia laboral, así, en el lugar se compartió el trabajo que cada quien impulsa, se mostraron y distribuyeron materiales de formación,  difusión y denuncia y se brindó asesoría legal en materia laboral.

Las organizaciones expositoras fueron: la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (CSTS), el Sindicato de la Industria Eléctrica de El Salvador (SIES), el Sindicato de Industria en Servicios Técnicos y Administrativos (SIESTA), el Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS), la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUS), el Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), la Asociación Salvadoreña para el Desarrollo Social y la Democracia (FUNDASPAD); el Centro de Derechos Laborales (CDL) del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, la Mesa Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Maquila (MSTM), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), y la Mesa Permanente por la Justicia Laboral.

El Mensaje principal de la actividad estuvo a cargo de Dagoberto Ramírez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores por Establecimiento del Aeropuerto Internacional de El Salvador (SITEAIES), quien destacó, entre otros aspectos, la difícil situación que enfrentan las y los trabajadores de la maquila ya que en el presente año se contabilizan alrededor de 15 despidos, de igual manera hizo referencia a diversas formas de violación a los derechos laborales en los centros de trabajo y las limitaciones existentes para la sindicalización de las y los empleados en el sector público.

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral espera desarrollar más actividades de este tipo con la idea de fomentar el acercamiento de los sindicatos hacia las y los trabajadores y contribuir a superar los estigmas y prejuicios existentes hacia quienes están organizados en sindicatos.

dsc00279.JPGdsc00264.JPGs1052706.JPGdsc00261.JPGs1052705.JPG

Enlaces sobre las Elecciones 2009

November 11, 2008 – 1:56 am

Legislación:

Sitios oficiales:

Casas encuestadoras:

Centros de información:

Misiones de observación internacional:

Coberturas de medios: