November 6, 2009 – 2:23 am
En El Salvador, desde hacer varios años, la violencia y la criminalidad se han salido del control de las autoridades responsables, esto nadie no lo puede poner en duda; la criminalidad se encuentra asolando buena parte del territorio en el país.
En estas circunstancias, el Gobierno ha tomado la decisión de que la Fuerza Armada salga a hacer funciones de Seguridad Pública en todo el territorio nacional; esta discusión, dice que otra vez, no se está haciendo un abordaje serio del combate de la violencia y criminalidad en el país; pues si seriamente se quiere perseguir la criminalidad, la represión no debe ser la única herramienta de persecución.
Tomar esta decisión, significaría además de un grave retroceso a los Acuerdos de Paz, más capturas de jóvenes que ya no tienen cabida en la infraestructura de centros penales
En FESPAD se ha realizado un detenido y profundo análisis sobre esta propuesta y se ha concluido que es absolutamente inconveniente que salga el ejército en funciones de seguridad pública.
¿POR QUÉ NO DEBE SALIR EL EJÉRCITO EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA?
1.Se transgrede la Constitución: La entidad responsable de la Seguridad Pública es la Policía Nacional Civil, PNC. Las condiciones para que opere la excepción del No. 12 del artículo 168 de la Constitución no están dadas1. Pero lo más importante no se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la seguridad pública en nuestro país.
2.Se violenta el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz; es un grave retroceso autoritario en materia de Seguridad Pública.
3.La Fuerza Armada no está preparada para hacer seguridad pública; la carrera policial demanda capacidades y destrezas diferentes, pero también una filosofía y una mística, que distancia a una institución de la otra. En este momento, según informa el señor Ministro de Defensa, la formación a los miembros de la Fuerza Armada en funciones de Seguridad Pública, la está haciendo la misma Fuerza Armada. ¡Grave error!
4.Va a ser otro plan mano dura que está demostrado que por ellos solos no pueden resolver la problemática, más bien han sido una de las causas del agravamiento del problema. Ha habido plan mano dura, plan super mano dura, ley anti pandillas, fuertes y permanentes operativos anti pandillas; están vigentes la Ley contra el crimen organizado, tribunales y jueces especiales. Y no se ha resuelto el problema, al contrario, cada día está más grave. Está demostrado, que a más mano dura, mas violencia y más inseguridad.
5.Por que es un retroceso a un pasado al que las y los salvadoreños no estamos dispuestos a regresar.
Tomar esa decisión por parte del gobierno, deja en entre dicho los serios esfuerzos que están haciendo la PNC y los entes responsables de la seguridad pública.
¿Qué hacer entonces ante la violencia y criminalidad?
El combate a la violencia y a la criminalidad debe ser integral en dos sentidos:
A. EL INSTITUCIONAL: Se debe garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado encargadas de la Seguridad Pública; no es solo la PNC la responsable:
La Fiscalía General de la República, FGR, debe asumir su rol de conducir la investigación del delito; debe presentar casos robustos a los tribunales de justicia que permitan que se castigue a quien ha cometido delito; debe bajarse el nivel de impunidad que hay en el país. Esto pasa por la ineludible necesidad de hacer investigación científica del delito. No se puede seguir teniendo en los testigos, la única forma de probar la comisión de un delito; pero además, deben superar la práctica de hacer uso de testigos falsos.
La PNC no debe hacer redadas, debe hacer capturas en flagrancia o a partir de indicios de prueba que permita la captura de los responsables de la comisión de los delitos; deben aprender a individualizar la responsabilidad de los delincuentes.
Los Tribunales de Justicia, recibiendo la prueba del delito contra los delincuentes, deben hacer justicia, evitando así la creciente impunidad y el mensaje de que cometer delitos en El Salvador, no trae consecuencias a sus autores.
B. EN CUANTO AL ABORDAJE DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE:
Debe haber un tratamiento integral que aborde: La represión, la prevención y la inserción.
Persecución y represión del delito: Se debe dar muestras de que las instituciones funcionan y que quien comete un delito se le aplica una pena. Hay un 97% de impunidad en materia de homicidios.
Se debe perseguir sin distingos a quienes cometan delitos; tomando en cuenta que la violencia y la criminalidad no “comienza y termina en las pandillas”. Debe perseguirse y reprimirse también el crimen organizado, ese que está enquistado en las altas esferas del poder político y económico; la delincuencia común y la violencia intra familiar.
Se debe dar inicio a un proceso serio y respetuoso del debido proceso legal, de depuración de la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, los Centros Penales y de los Tribunales de Justicia.
Prevención del delito:
Énfasis en el control de armas de fuego y en las acciones de desarme: Más del 60% de los delitos que se cometen llevan involucradas armas de fuego; no tomar esta decisión, dice del privilegio del interés de las empresas, sobre el de la seguridad de la población.
Cambio de la lógica del enfrentamiento por una política de seguridad ciudadana que tenga como marco los derechos humanos.
Participación social en la formulación de nuevas estrategias de prevención de la violencia.
Reconocimiento de que las personas que viven en las comunidades y colonias donde existen pandillas, son sujetos de derechos.
La necesaria contribución de la empresa privada en la prevención e inserción de las y los jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal.
Un presupuesto adecuado a las circunstancias de la inseguridad que vive el país:
a)Que dote a todo el sistema de justicia de lo que necesita: a la FGR, al Órgano Judicial, a Centros Penales; pero especialmente a la PNC: Debe haber más policías en la calle, debe haber más incentivos para ellos y ellas, debe estar suficientemente equipados.
b) Que aborde problemas estructurales:
1 Llevar talleres de aprendizaje a las comunidades.
2 Dotar de servicios básicos a las comunidades.
3 Apoyar la apertura de fuentes de empleo comunales, desde las propias iniciativas de las y los jóvenes, incluyendo a quienes han tenido conflicto con la ley penal.
4 Abrir oportunidades de empleo a las y los jóvenes. Se requiere el involucramiento de todos en la solución; la empresa privada tiene un rol fundamental.
5Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública asuma su rol con toda energía y dedique sus máximos esfuerzos a dar acompañamiento a procesos de prevención en las comunidades.
6Que se generen condiciones de diálogo con las y los jóvenes, pero con todos, con los que están en riesgo, pero también con los que ya están en conflicto con la ley penal; muchos de ellos y ellas, están pidiendo ser parte de la solución de esta grave problemática nacional.
La reinserción a la vida social y económica. Los centros penales deben convertirse en verdaderos centros de educación y formación, de readaptación de todas aquellas personas que han cometido delito y que dentro de un centro penal están pagando una pena.
Ese círculo vicioso que se genera en los centros penales, que educan en crimen, debe reconvertirse en la posibilidad de que toda persona que pase por ahí debe salir a incorporarse a la vida económica y social del país.
Sacar al ejército a la calle, en funciones de seguridad pública será otro fracaso en el combate de la violencia y la criminalidad, al que no se debería exponer el Gobierno.
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