Reseña Histórica

 

1. Surgimiento, acción jurídica popular y expansión como entidad referente de la discusión jurídico-política nacional: 1988-1992

Surge FESPAD con una intensa actividad jurídica dirigida hacia sectores populares. El primer trabajo en esta línea fue con comunidades urbanas y rurales y líderes sindicales. El enfoque originario era que el Derecho no es un instrumento exclusivo de los abogados, por el contrario, se considera un instrumento de cambio social, que debería ser accesible a la población.

El espacio creado con estos sectores, quienes al iniciar en el conocimiento de sus derechos comenzaron a exigirlos, obligó también a la creación de un servicio de asistencia legal en 1991.

Entre 1991 y 1992, FESPAD se destaca como referente nacional en la discusión de la reforma constitucional al formar parte de la Subcomisión Legislativa encargada de elaborar el anteproyecto de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, uno de los compromisos de los Acuerdos de Paz.

Se publica en Colatino serie semanal “El derecho en la Vida Real”, que muestra el derecho a partir de casos de la vida real.

2. Crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de la identidad institucional: 1993-1999

A partir de 1993, la institución se convirtió en un referente nacional en materia de educación jurídica y Derecho Constitucional. En buena parte esto fue por el proyecto “Estudiemos la Constitución”, mediante el cual se desarrolló un concurso nacional a nivel estudiantil y la producción de la “Constitución Explicada”, que tuvo mucho éxito (se encuentra ahora en su novena edición) y fue el precedente de la modalidad de textos legales explicados.

FESPAD participó activamente en la discusión del nuevo Código Penal y Procesal Penal en 1997, que sustituiría a una legislación de 1974, caracterizada por un modelo inquisitivo.

En esta fase se adoptó una forma de organización y un sistema gerencial de administración de servicios y proyectos inspirados en criterios de organización y eficiencia. Se dio inicio a las actividades tendentes a la generación de ingresos asumiéndose una política de búsqueda de sostenibilidad.

En esta etapa se ejecutaron los proyectos Certamen Nacional de Derechos Humanos (1996), con el cual se logró un impacto nacional extraordinario; participaron más de 27,000 estudiantes de tercer ciclo y bachillerato de 99 municipios de país y se publicaron unos 22,000 materiales educativos sobre derechos humanos; Salvadoreños y Salvadoreñas del Futuro (1997-1998), que permitió estimular la participación de la juventud salvadoreña a nivel local; Seguridad Pública y Derechos Humanos (1997-1998), que ha logrado convertir a la institución en un referente en materia de seguridad ciudadana; y el Programa de Actualización y Capacitación Jurídica -PAC- (1996 a la fecha), el cual ha tenido un notable éxito en materia de capacitación jurídica especializada.

Otras actividades del período que vale la pena destacar son la participación en los procesos de titulación y escrituración masivas; primero en el Proyecto Distrito Italia, con un total de 1,264 escrituras públicas, y, después, en el Programa de Transferencia de Tierras -PTT-, resultante de los Acuerdos de Paz, con 1,750 titulaciones y 4,500 escrituras públicas; la participación en el área legal de la Reforma Educativa con la elaboración del diagnóstico, la propuesta de reforma a la ley de la Carrera Docente y su reglamento y a la ley de Educación Superior; se participó en Programa Centroamericano de Servicios Legales, Derechos Humanos y Administración de Justicia; y se dio inicio a la publicación del periódico mensual Foro Judicial.

3. Fortalecimiento institucional y desarrollo de centros ejecutores: 1999-2007

Durante esta etapa, el trabajo jurídico y político de FESPAD se desarrolló a través de sus centros ejecutores, el Centro de Estudios Constitucionales y Derechos Humanos (CECDH) y el Centro de Estudios Penales (CEPES), que comenzaron a cualificar su capacidad en la ejecución de importantes proyectos. Las áreas administrativas, de planificación y de generación de ingresos desarrollaron un esquema de apoyo a la sostenibilidad institucional.

En 1999 se tomó la decisión de trabajar en la defensa y promoción de los derechos humanos integrales e iniciarse una etapa en la cual se le da fundamental preponderancia a los derechos económicos, sociales y culturales, en la concepción de que los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles e irrenunciables.

En el período se ejecutaron proyectos como Promoción y Difusión de los Derechos Laborales y Sindicales, que ha situado a la institución como referente en materia laboral; el proyecto Monitoreo y evaluación del cumplimiento por parte del Estado de El Salvador de los derechos económicos, sociales y culturales -DESC-, el cual ha realizado y sigue realizando una importante labor de incidencia en el tema, y una labor de promoción y educación de comunidades urbanas y rurales. Este se ha ejecutado en plena complementariedad con la Escuela Itinerante en DESC, lo que ha permitido una contribución a la sensibilización y promoción en la población históricamente “no sujetos”, de su calidad de persona humana, con dignidad.

También el Estudio de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, consistente en una investigación y un proceso de divulgación social acerca del impacto que dicho cuerpo legal ha tenido desde su aprobación como ley de la República en 1989, hasta diciembre de 1998, en las políticas públicas y en la sociedad salvadoreña en general. Es importante destacar también el apoyo a la Asociación de ex Internos del Sistema Penitenciario de El Salvador -AEIPES-, en su fortalecimiento.

El proyecto Control ciudadano y profundización democrática de la seguridad pública y la reforma de la justicia penal en El Salvador mediante el cual se desarrolló un sistema de observación y evaluación ciudadana de la política de seguridad pública y de la reforma de la justicia penal en El Salvador. En esta etapa FESPAD diseñó una estrategia para el trabajo de comunicaciones y de incidencia jurídico-político, el cual asumió como política institucional.

En esta fase el centro de la actividad de FESPAD fue la labor de seguimiento a la constitucionalidad de los actos de las y los funcionarios públicos; en este esfuerzo se hicieron cuantiosos análisis de anteproyectos de ley, propuestas de reformas, pero también demandas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En esta línea, FESPAD estableció como precedente el uso de la justicia constitucional para reivindicar derechos económicos y sociales, con recursos como la inconstitucionalidad contra la Ley de Integración Monetaria, y contra el Estado, por su responsabilidad en la intoxicación con metanol en los años 2000 y 2001.

En el año 2000, FESPAD retoma el trabajo con líderes sindicales, e impulsa una Escuela de Formación Sindical y una mesa de coordinación son sindicatos del sector público y privado.

En 2001, FESPAD participó en la Comisión Especial para una Evaluación Integral de la Fiscalía General de la República, ente que presentó un diagnóstico integral y una serie de recomendaciones para el fortalecimiento de la Institución.

A raíz de varios planteamientos realizados por el Consejo Nacional de la Judicatura, sobre la formación profesional deficiente de algunos jueces, juezas y abogados en ejercicio liberal, debido a la irregularidad presentada en el proceso de obtención de su título académico, la Corte Suprema de Justicia creo en el 2002, la Comisión Especial de Investigación de Títulos Irregulares en el Órgano Judicial, conformada por profesionales del ámbito jurídico nacional, de la cual FESPAD formó parte.

Con el diseño y la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2002-2004, la Fundación da inicio a una nueva etapa en la que consolidará sus logros y avanzará hacia la sostenibilidad de su labor en función del cumplimiento de su misión.

En lo referente a la difusión del pensamiento jurídico institucional, se contribuyó con los procesos de investigación y producción documental que desarrolla FESPAD; por medio del servicio de biblioteca, se mantuvo actualizado el Índice de la Legislación Salvadoreña y se amplió la bibliografía sobre doctrina jurídica. A través del Programa de FESPAD Ediciones, se revisaron y editaron diez libros institucionales, entre los cuales destacan los informes de situación y estudios específicos en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal y Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Como parte del monitoreo y vigilancia en materia de DESC, se construyó una Red Nacional de Comités de Defensa de los DESC y se logró sensibilizar sobre la temática a diferentes sectores sociales del país. En septiembre de 2003, se presenta por primera vez un informe de sociedad civil sobre “La Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en El Salvador, ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en Ginebra, Suiza.

Se brindaron aportes en la formación y fortalecimiento técnico de agentes y operadores de las instituciones de seguridad pública, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y periodistas de medios de comunicación nacionales e internacionales, contribuyendo con ello a construir una cultura de discusión sobre seguridad.

En 2004, se contribuyó con la formación de operadores, abogados, abogadas y comunidades, y a través ejercicios de contraloría social en las instituciones de justicia. Se abrieron oficinas en Santa Ana y San Miguel, en cuyas zonas hubo un mayor conocimiento del trabajo institucional.

En 2006, FESPAD asume el reto de fortalecer la capacidad de incidencia de los sindicatos en torno a la ratificación de los convenios 87 y 98 de OIT que no habían sido ratificados por el Gobierno salvadoreño. Las actividades permitieron constituir una mesa permanente de coordinación con los sindicatos y empujar la defensa de los derechos laborales.

A partir de 2006, se comenzó a desarrollar un esquema programático, con la adopción en el CECDH de un programa dirigido a la construcción de ciudadanía y los derechos humanos. En 2007, las demás áreas de FESPAD asumieron contenidos programáticos.

A raíz de las amenazas derivadas de la criminalización de la protesta social por leyes antiterroristas y ataques a defensores de derechos humanos, FESPAD impulsó la conformación de la Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social, un espacio creado en 2007 con organizaciones sociales y derechos humanos que jugó un papel activo para contrarrestar las amenazas de derechos humanos.

4. Proceso de reinvención institucional y el rol de FESPAD en nueva correlación: 2007-2010

En noviembre del año 2007, FESPAD inició el denominado proceso de reinvención institucional, que básicamente se constituyó en una revisión del trabajo de FESPAD de cara a los retos futuros y a las demandas de la sociedad salvadoreña. En este proceso, en el cual participó todo el personal, se revisó y actualizó nuestra misión, visión y valores; y se adoptó un nuevo Plan Estratégico 2008-2010.

Además se adoptaron cambios en nuestra estructura organizativa. De la división por centros que tenía FESPAD, mutamos a una estructura matricial en la que confluyen tres programas (derechos humanos y equidad de género; seguridad pública y justicia penal; y transparencia) y cuatro áreas de trabajo (Formación, Procuración, Investigación y Monitoreo e Incidencia). Posteriormente, en 2010, esta estructura matricial fue ajustada atendiendo a la dinámica institucional, desapareciendo las áreas, y quedando tres programas: derechos, económicos, sociales y culturales; seguridad ciudadana y justicia penal.

El cambio de gobierno que se produjo en 2009 constituyó para FESPAD, una oportunidad para coadyuvar al fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, por ello, en este período nuestra labor estuvo definida a la consecución de 2 objetivos estratégicos: El primero, el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado; el segundo, el fortalecimiento de las capacidades sociales para la exigencia del cumplimiento de sus derechos humanos, es decir, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento social.

En este período, enfocamos nuestros esfuerzos a coadyuvar en dos temas trascendentales y muy sentidos por amplios sectores: los megaproyectos de inversión y la seguridad pública. Como parte de la incidencia realizada por FESPAD, en este período se consolidó un movimiento nacional para defender el derecho a la tierra, generando con ello, procesos de empoderamiento que les permitió participar en los debates nacionales sobre estos temas e incidir políticamente para que sus derechos fueran respetados.

La seguridad pública se asumió desde un enfoque de incidencia para la rehabilitación y la prevención; no obstante es un tema que ha acompañado desde ya casi 20 años. Durante este período se contribuyó a la construcción y consolidación de sistemas de seguridad pública y de justicia penal democráticos en El Salvador, mediante el seguimiento al proceso de reforma, la exigencia de respeto efectivo de la Constitución por parte de los diferentes agentes de dichos sistemas, y el cumplimiento de los valores y principios democráticos originales, que inspiraron los procesos de reforma penal y policial.

Un aspecto relevante fue la elaboración y presentación de una propuesta de política de seguridad pública realizada en asocio con varias organizaciones y presentada al Gobierno.

5. Repensando lo interno para lograr mayor impacto y proliferación del trabajo en redes: 2011 – 2015

Se elaboró un nuevo Plan Estratégico Institucional 2011-2014, dirigido a fortalecer la institucionalidad democrática del Estado y la participación ciudadana inclusiva a fin de contar con políticas públicas respetuosas de la Constitución y los derechos humanos.

En ocasión del conflicto entre los Órganos del Estado, sucedido a raíz de la inconformidad con sentencias de la Sala de lo Constitucional en 2012, FESPAD se pronunció por el pleno cumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional en total consecuencia con el rol que históricamente ha tenido: la lucha por la independencia judicial, el respeto al Estado de Derecho y al respeto a la Constitución; posición que, en un contexto de aguda polarización social y política como la que se vivió en El salvador en esa coyuntura, generó a la institución muchos inconvenientes e incomprensiones.

FESPAD mantuvo su trabajo en pro del respeto a los Derechos Humanos y del fortalecimiento institucional. Esto quedó claro cuando el pueblo salvadoreño y la institucionalidad resultante de los Acuerdos de Paz en materia de Seguridad Pública sufrieron un grave golpe, cuando el Presidente de la República nombró en 2011 como Ministro de Justicia y Seguridad Pública, y Director de la Policía Nacional Civil a militares. FESPAD y otras organizaciones presentamos en 2012 un recurso de inconstitucionalidad contra los nombramientos, lo que provoco que en 2013 la Sala de lo Constitucional declarara inconstitucionales los mismos.

En el año 2013, se relanzó el Programa de Transparencia, el cual en el 2014 pasó a llamarse Programa de Transparencia y Anticorrupción; el cual llegó para desarrollar los temas de acceso a la información pública, promoción de rendición de cuentas, y participación ciudadana; así como el tema de la lucha contra la corrupción.

Es importante destacar que durante este período, y dada la fuerza que ha contado el tema de la transparencia y lucha contra la corrupción, se han realizado acciones contra actos de corrupción, mención especial merece el caso contra el ex presidente Francisco Flores, donde se hizo público el manejo ilícito de los fondos provenientes de donaciones del gobierno de Taiwán durante los terremotos de 2001 y que involucra directamente al referido mandatario, la investigación de estos casos se llevó a cabo por comisiones ad hoc de la Asamblea Legislativa y por la Fiscalía General de la República. Este proceso se encuentra judicializado, FESPAD ha jugado un rol protagónico como querellante.

FESPAD ha realizado mucho de su trabajo en este período a través de redes y alianzas nacionales e internacionales, participando activamente en más de 20 espacios. Por ejemplo en 2014, se logró la coordinación con varias organizaciones para elaborar y presentar informes alternos tanto en el Examen Periódico Universal como ante el Comité DESC de Naciones Unidas, y se presentó una propuesta de mecanismo interinstitucional para el seguimiento de los convenios internacionales; se hicieron importantes acciones de incidencia para la prohibición de la minería metálica y el reconocimiento constitucional del derecho al agua y a la alimentación.

Se siguió aportando a la seguridad ciudadana, desde la prevención de violencia y el trabajo con jóvenes en comunidades afectadas por la violencia. Un caso simbólico de este trabajo es la intervención en la Comunidad La Selva, en Ilopango, en donde se ha logrado a través del dialogo y la justicia restaurativa disminuir la violencia y generar proyectos productivos.

Se aportó al país importantes investigaciones sobre problemáticas de derechos humanos, como estudios sobre la minería metálica, los asocios públicos privados, los presupuestos municipales dirigidos a la niñez y juventud y el control de armas.