Programas Ejecutores

 

Programa de seguridad Ciudadana y Justicia Penal

El Programa de Seguridad tiene como objetivo la humanización del Derecho Penal en sus distintas manifestaciones, así como la humanización de las políticas de seguridad ciudadana salvadoreñas, mediante la defensa y promoción de la Constitución y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La misión del programa es coadyuvar a la defensa y construcción de un Sistema de Seguridad Ciudadana en El Salvador respetuoso y garante de los derechos humanos de la población, especialmente desde la promoción de la reforma policial democrática, la visión sistemática e integral de la seguridad pública y la participación de la sociedad a través de sus organizaciones y comunidades.

También, coadyuvar a la defensa y construcción de un Sistema Penal Democrático en El Salvador, caracterizado por su armonía con el marco constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, así como por la observancia de las garantías fundamentales del derecho penal (principios de legalidad, intervención mínima, exclusiva protección de bienes jurídicos, humanidad de las penas, culpabilidad, proporcionalidad y resocialización); en todos los ámbitos de su manifestación sustantiva, adjetiva y ejecutiva.

 

Programa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales

El Programa promueve la justiciabilidad nacional e internacional de los DESC; fortalece la cultura constitucional a favor de los mismos Derechos, especialmente de los grupos sociales afectados por megaproyectos de inversiones públicas o privadas. También, potencia la participación efectiva de las organizaciones sociales y populares en las distintas etapas de las políticas públicas en materia de DESC.Impulsa la construcción de un nuevo sindicalismo con bases jurídico políticas que permitan establecer nuevas formas de relaciones sindicales y laborales para una mayor incidencia de la clase trabajadora.Así mismo, acompaña las luchas sociales que se oponen a la exploración y explotación de la minería metálica; así como de otras acciones que atentan contra el medio ambiente sano.

También, activa mecanismos colectivos de acompañamiento a defensores y defensoras de Derechos Humanos.

 

Programa de Transparencia y Anticorrupción

El Programa de Transparencia es una instancia técnica y un instrumento político, especializado en procesos participativos y ciudadanos de transparencia, rendición de cuenta, acceso a la información pública y anticorrupción estatal, desde una visión estructural e integral de la problemática y con una opción preferencial por los sectores populares y sus intereses. El Programa actúa en las causas y en los efectos, en lo coyuntural y en lo estructural, de los problemas de la realidad nacional e internacional relacionados con la integridad de la gestión pública; fomenta la participación proactiva de los sectores populares y su progresiva capacidad de interlocución con el poder público, expresado en las autoridades de las instituciones estatales y en otros actores relacionados o determinantes de la política nacional.

Es una instancia técnica en tanto que su actuación se fundamenta en vertientes progresistas y democráticas del pensamiento jurídico – político, y de las ciencias sociales, en general; el programa asume un compromiso con la ciencia y desde ella desarrolla su aporte a la ciudadanía. Al constatar que en la actualidad existe en el mundo – y en Latinoamérica en particular – una creciente producción dogmática, teórica y jurisprudencial en materia de transparencia y anticorrupción, el Programa pone al alcance y servicio de la sociedad salvadoreña, estos conocimientos y prácticas sociales, en función de aportar al inconcluso proceso democrático, que dio origen con la firma de los Acuerdos de Paz.

Es un instrumento político en tanto que desarrolla procesos de incidencia tendientes a transformar la realidad, especialmente en el fomento y apropiación – tanto en las y los gobernantes, como en las y los gobernados – de una cultura de integridad en el ejercicio de la función pública. Se entiende la incidencia, en primer lugar, como la acción política que desarrollan los grupos sociales vulnerados en la legítima lucha por la vigencia plena de sus derechos humanos; en segundo lugar, como la acción política que impulsa FESPAD como un legítimo actor e interlocutor social, con capacidad de respuesta y propuesta ante los problemas nacionales e internacionales.