El 4 de julio, diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales se encuentra FESPAD, se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa, en contra de la propuesta de Ley Integral de Aguas, que fue presentada a mediados de junio por la Asociación Nacional de la Empresa Privada –ANEP- y respaldada por los grupos parlamentarios de derecha.
La actividad constituye el inicio de una campaña denominada “Por la gestión pública y comunitaria, los movimientos sociales decimos: NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN EL SALVADOR”, en la que se destacarán las exigencias de las organizaciones en dicha temática, a saber:
PRIMERO: Gestión pública y comunitaria, es decir la autoridad del agua debe conformarse exclusivamente por instituciones públicas, y en la que se garantice la actual gestión que hacen las comunidades rurales.
SEGUNDO: mecanismos claros de participación efectiva de la población.
TERCERO: creación de mecanismos efectivos de protección y recuperación concentradas en las 3 cuencas principales del país y sus zonas críticas.
CUARTO: priorización del uso consumo humano doméstico, el consumo de poblaciones y la sustentabilidad de los ecosistemas, mediante la creación de permisos para poblaciones rurales y urbanas y la asignación a entidades públicas.
QUINTO: creación de un régimen económico justo. Cobro diferenciado a personas, comunidades rurales, instituciones sociales y empresas con ánimo de lucro, de manera que se cuente con recursos financieros suficientes para invertir en la protección, el aprovechamiento equitativo y recuperación del agua en el país.
De manera simultánea a la actividad, sesionaba la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en donde se exponía por parte de la ANEP la propuesta de Ley Integral de Aguas.
