Estado ha incumplido sentencias del Sistema Interamericano
La Concertación Monseñor Romero y Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador desarrollaron este 11 de diciembre, un desayuno informativo para demandar justicia en los casos de la Masacre El Mozote y el Magnicidio de Mons. Oscar Arnulfo Romero.
En la conferencia, se denunció al Estado salvadoreño por la denegación de justicia y fomentar la impunidad en el país ante las graves violaciones a los derechos humanos que se han perpetrado desde los inicios del conflicto armado. Particularmente evidenciando enérgicamente que los tres órganos del Estado y el Ministerio Público no han cumplido de manera adecuada y total las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en relación al asesinato de Mons. Oscar Arnulfo Romero y a la Masacre El Mozote.
En el caso Romero, el 24 de marzo de 1980, agentes del gobierno salvadoreño, actuando como escuadrones de la muerte, asesinaron a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador, mientras celebraba la Eucaristía, en el Hospital la Divina Providencia.
En el segundo caso, los días 11-13 de diciembre de 1981, el Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador, con la participación de unidades de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera, masacró a más de 1000 campesinos en El Mozote, La Joya, Los Toriles, La Ranchería, Cerro Pando y Jocote Amarillo del departamento de Morazán. Esta “Masacre de El Mozote” ha sido considerada como la más grave violación a los derechos humanos durante la guerra, tanto por su número y condición de las víctimas, así como la atrocidad con que actuaron los autores materiales e intelectuales.
Se demandó además:
- Adecuado y pleno cumplimiento de las tres recomendaciones de la CIDH por el asesinato de Monseñor Romero, y de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Masacre de El Mozote y lugares aledaños.
- No revictimizar a los ejecutados, sus familiares y todos los afectados por las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el país, al negar la verdad, justicia y reparación.
- Poner fin a la impunidad que sigue enlutando y haciendo sufrir a los pobres, indefensos y excluidos en nuestra sociedad, comenzando por dejar sin efecto la Ley de Amnistía General de 1993 o adecuarla a la Convención Americana.
- Asumir la tarea específica y común de todos los órganos de Estado y el Ministerio Público para cumplir con las responsabilidades emanadas de las resoluciones de los organismos internacionales de justicia.
- Ser consecuente con el espíritu y letra de los Acuerdos de Paz, a la luz de la vida, sangre y muerte de las víctimas de los atropellos a los derechos humanos, así como del derecho nacional e internacional.
- Diálogo y consenso permanente con las víctimas, sus representantes y las organizaciones de la sociedad civil comprometidas en que el Estado cumpla las resoluciones de los organismos internacionales de justicia.
- Establecer conjuntamente, Estado, víctimas, representantes y organizaciones, los mecanismos de diálogo, consenso y verificación de los procesos de cumplimiento de verdad, justicia y reparación, según los casos.
- Promover sinceramente el respeto, la dignificación y la memoria histórica de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, alejados de la mención y uso coyuntural, oportunista y demagógico.
- Particularmente urgimos al Fiscal General de la República para que actúe ex officio para investigar, juzgar y sancionar a los responsables y cómplices por el crimen contra Mons. Romero y la Masacre de El Mozote y lugares circunvecinos.
