"Nuestra lucha es por la dignidad de las personas"

Denuncia discriminación en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social

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23 septiembre, 2013

La comunidad de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) enfrenta diariamente una serie de violaciones a sus derechos fundamentales debido a la discriminación generalizada en la población y dentro de las instituciones del Estado. El pasado 09 de septiembre, la Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD)  en apoyo a la Asociación Solidaria para impulsar el Desarrollo Humano “ASPIDH ARCOIRIS LGBTI”  se reunió con el director del  departamento  jurídico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS),  para exponer los diferentes obstáculos con los que está población se enfrenta para acceder a los servicios que dicha institución brinda a favor de la población salvadoreña. En la reunión también participaron representantes de PDDH,  ASPIDH, Representante de la Secretaria de Inclusión Social y activistas independientes.

Entre algunos casos que fueron presentados a las autoridades, se encuentra el caso de Mónica Hernández, mujer transgénero y Directora de   “ASPIDH ARCOIRIS LGTBI” quien  solicitó su carné de afiliación y fue objeto de burlas, maltratos y discriminación por parte del personal de la institución. Ciertamente la compañera a final del día obtuvo su carné, después de habérselo negado en 2007 y dos veces en julio y agosto de este año, pero gracias al apoyo brindado por una persona que trabaja en Ciudad Mujer con sede en Lourdes Colon, no así por asistirle el derecho como afiliada a dicha institución.

 

Exigiendo el respeto a los Derechos Humanos, de la Poblaci?n LGTBI.
Exigiendo el respeto a los Derechos Humanos, de la Poblaci?n LGTBI.

Como medida de reparación, por lo sucedido con la compañera Mónica Hernández, se planteó ante el  jefe del departamento jurídico del ISSS, que en representación de dicha institución  pida una disculpa pública. Igualmente se exigió un trato igual a todas las mujeres transgénero,  tanto las que trabajan para instituciones del Estado como para mujeres que no lo hacen.  Se acordó además trabajar un protocolo de atención para personas de la comunidad LGTBI para reducir la brecha de políticas discriminatorias que las instituciones del Estado históricamente han tenido contra esta población.

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