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discapacidad

Personas con discapacidad en el sistema penitenciario

by FESPAD |17 diciembre, 2009 |0 Comments | Seguridad ciudadana, Seguridad ciudadana

FESPAD y familiares de Santos Ramírez Soto presentaron el caso de este último que se encuentra purgando una condena de 12 años.

Santos Ramírez es una persona discapacitada que carece de ambas manos y con su pierna izquierda casi cercenada, debido a un accidente, es uno de los tantos internos de los centros penitenciarios del país que al igual que otros reos del sistema penitenciario con discapacidad carece de una atención médica especial.

Fue condenado por el Juzgado Especializado de Sentencia San Miguel el 8 de junio de 2008, fecha desde la cual se encuentra guardando prisión.

En septiembre de 2008, el abogado de Soto, Dennis Muñoz, interpuso un indulto ante la Asamblea Legislativa, y en abril de 2009 se solicitó una conmutación de la pena ante el ministerio de Justicia y Seguridad, sin que se haya logrado resolución al respecto.

FESPAD señaló que el caso de Soto es dramático por las dificultades que tiene de desplazarse, alimentarse y hacer sus necesidades básicas, ante la carencia de apoyo o de otros medios para desplazarse.

Estas situaciones por las que atraviesan las personas con discapacidad en los centros penitenciarios violentan la Constitución, la Ley Penitenciaria y tratados internacionales en la materia. .

Según señala el art. 27 de la Constitución “El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”.

El articulo 10 párrafo tercero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece “Que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados ”

Conforme el art. 80 de la Ley Penitenciaria “Los Centros especiales estarán destinados para la atención y tratamiento de la salud física y mental de los internos. Mientras el Sistema Penitenciario no cuente con estos centros especiales, el ministerio de Justicia a través de la Dirección de Centros Penales podrá solicitar la colaboración del ministerio de Salud y Asistencia Social y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social”……

Actualmente, el sistema penitenciario carece de estos centros especiales debido a la falta de recursos, y el apoyo del ministerio de Salud y del ISSS es insuficiente para atender las necesidades de los reos con discapacidad.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (13 de diciembre de 2006) en su artículo 14 Inc. 2, señala que “Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización de ajustes razonables.”

Se señaló que en el país se da un desigual tratamiento en el sistema penitenciario, ya que mientras algunos personajes públicos procesados son hospitalizados o conducidos a clínicas particulares para tratarlos, las personas con discapacidad no tienen una adecuada atención médica.

Los organizadores pidieron a las autoridades de centros penales dar especial atención a las personas con discapacidad y a la Corte Suprema de Justicia, celeridad sobre los recursos que se han presentado en el caso de Ramírez Soto.

microfono

Directora FESPAD nueva miembra de CIDH

by FESPAD |4 diciembre, 2009 |0 Comments | Derechos económicos, sociales y culturales -Mineria

El Consejo Permanente de la Organización de OEA eligió a María Silvia Guillén como nueva integrante de la CIDH.

El día ayer, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el voto de 19 países eligió a nuestra directora María Silvia Guillén como nueva integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sustitución de Florentin Melendez, quien renunció para asumir el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

El nombramiento constituye no solo un orgullo para el país, al mantener su representación en el organismo regional, sino para las mujeres salvadoreñas. En 50 años de historia del organismo es la séptima mujer designada como comisionada en la CIDH.

La designación de Guillen, comprenderá hasta diciembre del 2011, y reconoce su trayectoria en el país en la defensa de los derechos humanos. María Silvia es una reconocida abogada, que asumió la dirección de FESPAD desde 1999 y se desempeña actualmente como magistrada suplente de la Corte Centroamericana de Justicia y miembra del Consejo Acádemico de la Academia Nacional de Seguridad Pública.

Desde FESPAD se ha apoyado a víctimas de violaciones a derechos humanos en la búsqueda de la justicia y se participa en la Comisión Pro Memoria Histórica, que ha promovido la justicia en casos como el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

La CIDH es un organismo del sistema interamericano de derechos humanos que además de recibir denuncias por violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, juega un importante rol en la promoción y educación de los derechos humanos en la región.

Para FESPAD es un honor este nombramiento, y una oportunidad para un mejor uso y conocimiento del sistema interamericano en el país.

investigacion

FESPAD respalda investigación oficiales PNC

by FESPAD |3 diciembre, 2009 |0 Comments | Seguridad ciudadana

La alternancia en el Ejecutivo ha traído la identificación de todas las irregularidades con la que actuaron los gobiernos anteriores.

Estos descubrimientos se han hecho en todas las oficinas de gobierno sin excepción; en unas más, en unas menos. Sin duda, la población honesta de El Salvador está esperando que se pongan en evidencia y que denuncien todas estas irregularidades, de tal manera que la arbitrariedad, el despilfarro, la corrupción y otros ilícitos penales, sean conocidos, investigados y sancionados por las autoridades respectivas; todo lo anterior, con las garantías del debido proceso.

No obstante, esta es una práctica y una cultura que no es usual en nuestro país; en El Salvador se denuncia y se exhibe como criminales a las y los jóvenes en situación de pobreza, se les juzga y se les condena a largas penas de prisión, sin que esto atraiga la atención de nadie; no ocurre lo mismo con el crimen organizado, ese que está enquistado en las altas esferas del poder político y económico como garantía de impunidad, que ha garantizado la atribución exclusiva de la criminalidad a las pandillas, sin investigación alguna, como forma de tender una cortina de invisibilización a sus acciones. Esta ha sido la historia vivida.

Con el cambio de gobierno, hay instituciones, así como funcionarios y funcionarias que han asumido la responsabilidad histórica de develar lo que han encontrado y de denunciar lo que han considerado irregularidades o situaciones que lindan con violaciones a la ley: el ISTA, ministerio de Gobernación y la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, entre otras.

Esta última entidad, a través de la señora inspectora general, Zaira Lis Navas Umaña, ha iniciado procesos disciplinarios contra personas que ocuparon cargos de altos jefes oficiales de la corporación policial, algunos de los cuales ya son del conocimiento de la Fiscalía General de la República, por haber indicios de constituir ilícitos penales.

La reacción de los denunciados no se ha hecho esperar, incluso, ya algunos, han denunciado a la señora Inspectora en razón de la investigación.

De igual manera, ya surgieron los tradicionales sectores de poder político y económico oponiéndose a la investigación, calificándola como una “cacería de brujas” y más aún, como una persecución de personas inocentes por razones ideológicas. Llama la atención la férrea oposición del novel grupo político GANA, quienes a toda costa quieren impedir la investigación.

Por todo lo anterior:

  1. Damos nuestro total respaldo a la labor que está realizando Zaira Lis Navas Umaña, inspectora general de la PNC, a quien lejos de denigrar, acusar y acosar, como lo hacen algunos sectores, se le debería dar todo el apoyo para habilitar la posibilidad de investigar y de llegar a la verdad objetiva de los hechos que investiga, pero además, se le debería acompañar en este proceso.
  2. Demandamos el respeto a los derechos de los investigados, lo cual tenemos conocimiento, que la Inspectoría está cumpliendo.
  3. Demandamos que se lleve hasta las últimas consecuencias los resultados de estas y otras investigaciones, que permitan recuperar para la PNC, la legitimidad, el prestigio, el reconocimiento y la confianza social, que por su actuar en los años anteriores, se ha deteriorado.
  4. Solicitamos a los señores oficiales investigados, que a diferencia de períodos anteriores, donde ocurrieron depuraciones y procesos amañados e irregulares, tengan confianza en el funcionamiento de la institucionalidad estatal, que les respetará plenamente sus derechos; someterse a este proceso, haciendo uso de las garantías que les franquea la ley, les permitirá demostrar su inocencia, de ser esta su realidad.
  5. Exigimos el pleno cumplimiento de la Constitución y la ley; se debe tomar conciencia que la impunidad del pasado y del presente es una de las principales causas de la grave criminalidad que abate al país. .

Un llamado especial al señor presidente de la República, al señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, al señor director de la PNC, para que den a la licda. Navas Umaña todo el apoyo, el respaldo y el acompañamiento a esta importante y valiente labor que está realizando en beneficio del pueblo salvadoreño. Deben rodearla de todas las garantías de seguridad a su integridad física y moral. Un llamado a la población salvadoreña a acompañar este proceso valiente e inédito que puede ser el punto de partida del cese de la impunidad en nuestro país.

Es el momento en el que la institucional del Estado debe funcionar en respeto a la población salvadoreña, con base en el Principio de Igualdad Jurídica consagrado en nuestra Constitución.

San Salvador, 2 de diciembre de 2009

Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD Patria Exacta, Movimiento de Profesionales y Técnicos por la Solidaridad y la Justicia Social.

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